Cort no indemnizará a Palma Springs porque la promotora del centro de ses Fontanelles carece de licencia comercial y el equipo de gobierno municipal no puede otorgársela, ya que compete al Govern balear. La multinacional advirtió la semana pasada al Ayuntamiento que le reclamará cien millones de euros si paraba el proyecto. Es lo que hizo ayer la gerencia de Urbanismo, archivar el expediente tras denegarle la modificación del proyecto inicial de Aqua Mágica, que preveía una veintena de edificaciones con usos indeterminados. Después fue vendido a la multinacional francesa Unibail-Rodamco, a quien el anterior Govern del PP denegó la licencia comercial en dos ocasiones.

Tal como explicó el concejal de Urbanismo y Modelo de Ciudad de Cort, Antoni Noguera, "habría una posible indemnización si el consistorio pudiese otorgarle el permiso y no lo hiciese, aunque no es el caso. Cort no puede dar una licencia comercial", explicó. "El Ayuntamiento ha actuado de tramitador: ¿Tienes los papeles? ¿No? Pues no puede ser", resumió. Y comparó este caso con quienes carecen de carnet de coche, que "no pueden conducir. Un centro comercial necesita una licencia comercial para poder construir y se le ha denegado dos veces, en noviembre de 2014 y en abril de este año", destacó.

Actualmente, la promotora está en la fase de urbanización del solar de ses Fontanelles, situado en la Platja de Palma, y queda un año para que finalice, tal como afirmó el gerente de Urbanismo, Joan Riera. Desde que comenzó el actual mandato municipal, la concejalía ha estado trabajando para resolver el expediente del centro comercial, como lamentó Noguera, ya que la promotora ha realizado "una ruta increíble para justificar una ilegalidad", en palabras del regidor.

"Está claro que, a día de hoy, carece de los permisos. Nosotros tenemos la obligación de cumplir la ley y lo hemos hecho en una cuestión tan sensible como el urbanismo", incidió.

Recordó que la decisión está respaldada por el "fundamento jurídico irrefutable" del informe elaborado por la secretaria del Ayuntamiento, además de otro de los servicios jurídicos, que "tienen una neutralidad absoluta y su informe es más contundente". Este último fue solicitado por la promotora en las alegaciones y su principal conclusión es que Cort está "obligado a cumplir la ley", reiteró Noguera. Respecto a los contenciosos interpuestos por la empresa en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y la Audiencia Nacional, se dirigen al Govern y versan sobre la Ley de Comercio, recordó.