El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha decretado hoy prisión provisional sin fianza para dos policías locales detenidos en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Policía Local de Palma, que han pasado a disposición judicial esta mañana.

Se les imputan los presuntos delitos de cohecho, extorsión, coacciones y pertenencia a organización criminal, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que ha indicado que el caso continúa bajo secreto de sumario.

Con los encarcelamientos dictados hoy por el juez Penalva ascienden a once los agentes de la Policía Local presos en Palma por su presunta participación en la trama de corrupción.

En este caso se investigan los presuntos delitos de uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, extorsión, amenazas, coacciones, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, agresión sexual, falsedad, negociaciones prohibidas, cohecho, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia y encubrimiento.

El juez cree que los agentes involucrados actúan como una organización criminal, extorsionando y coaccionando a empresarios de ocio, y protegidos por mandos policiales y ciertos cargos políticos, según detalló en el auto en el que ordenó el ingreso en prisión de cinco de los policías detenidos en octubre.

A juicio del magistrado, existen muy serios indicios de que la trama investigada actúa por intereses particulares y con impunidad desde hace muchos años.

La Fiscalía Anticorrupción cree que agentes de las unidades policiales Patrulla Verde y Grupo de Acción Preventiva (GAP) dieron trato de favor a algunos empresarios de ocio de zonas como la plaza Gomila, el Paseo Marítimo y la Playa de Palma, mientras extorsionaban, coaccionaban y amenazaban a otros.

El juez considera a los agentes investigados "maestros y paradigma del engaño, la manipulación, la mentira y la ocultación y alteración de pruebas", que mediante un "uso torticero y arbitrario del poder", coaccionaron e intimidaron a empresarios de ocio en beneficio propio.

Según varios testigos que han declarado en la causa, los agentes obtuvieron durante años pagos semanales en efectivo de hasta 500 euros, hicieron negocios con los locales y se beneficiaron de prebendas como sexo en clubes de alterne, comida y alcohol gratis.

Los que no accedían a sus exigencias fueron sometidos a una constante presión policial injustificada, con numerosas inspecciones y apertura de actas sin motivo.

El juez investiga también la connivencia con empleados públicos del Ayuntamiento que habrían cobrado para retirar precintos policiales y conseguir licencias de actividades para locales de ocio.

Además investiga la presunta filtración de los exámenes de una oposición a oficial de la Policía celebrada en mayo de 2012, de la que se habrían beneficiado tres agentes que ascendieron en una maniobra realizada para perpetuar en el tiempo de la trama delictiva.