El exjefe de personal del Ayuntamiento de Palma, Juan García Lliteras, reconoció ayer que prepara a aspirantes de las oposiciones del consistorio palmesano y que un centenar de sus alumnos han logrado plaza de funcionario en Cort. García Lliteras fue imputado por prevaricación y malversación el pasado octubre en el caso de presunta corrupción de la Policía Local de Palma, después de que el juez de instrucción Manuel Penalva tuviera conocimiento de unos correos electrónicos en los que se habrían repartido nuevos cargos para un grupo de agentes antes de que hicieran el examen de ascenso para convertirse en oficiales.
Durante su declaración de ayer, que duró unas tres horas, admitió dar clases para preparar las oposiciones que su antiguo departamento convocaba y apuntó que esa actividad era legal y compatible con su cargo. García Lliteras, que hace unos meses renunció a la jefatura de recursos humanos y ahora trabaja en la oficina antidesahucios de Cort, explicó que también ha formado a opositores para los ayuntamientos de Marratxí y Llucmajor.
Según su versión, "nada fue ilegal" en el proceso de adjudicación de plazas a los agentes que todavía no se habían convertido en oficiales. Insistió en que él había aplicado en todos los casos los protocolos vigentes para cubrir las plazas de personal y que no se puso de acuerdo con nadie para adjudicar los cargos. También explicó que para estos nombramientos no se recababan informes jurídicos ni económicos y que esa era la práctica habitual. "No hubo un ánimo oscuro", adujo el funcionario municipal.
García Lliteras no fue el único funcionario del área de Función Pública de Cort que ayer declaró en calidad de imputado. Otras dos trabajadoras, que responden a las siglas B. B. y C. M., también se personaron ayer para ser interrogadas por el juez Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán. La declaración de C. M. fue suspendida. La funcionaria B. B. afirmó que se limitó a cumplir órdenes en los expedientes que tramitó. Expuso que su jefe era García Lliteras y que todas las decisiones que afectaban al personal policial tenían el visto bueno de los regidores del PP Irene San Gil y Guillermo Navarro y del ex intendente jefe Antonio Vera.
B. B. negó que existieran irregularidades y admitió haber recibido un correo electrónico de parte de C. M. en el que le decía "Socorro, de aquí a los juzgados". B. B. sugirió que le habrían pirateado la cuenta de correo y argumentó que no estaban hablando sobre ilegalidades en el procedimiento, sino que esperaban que otros funcionarios recurrieran la decisión e interpusieran un contencioso administrativo. Por último, la funcionaria afirmó que su intención era hacerlo lo mejor posible y adjudicar las plazas a los mejores aspirantes.
