Los policías locales de Palma que han estado sufriendo amenazas y han padecido sanciones disciplinarias por denunciar los casos de corrupción, se sienten especialmente dolidos con los representantes sindicales. Sentimiento que justifican por no haber recibido el apoyo suficiente de estas formaciones sindicales. Todo lo contrario que los policías acusados de corrupción, que siguen contando con el apoyo de estos representantes de los trabajadores.

Las críticas, en especial, se vierten sobre un sindicato en concreto, el CSIF, que cuenta entre sus afiliados con varios de los policías que están siendo investigados e, incluso, uno de ellos condenado por torturas. Este sindicato, al descubrirse el escándalo del amaño de las oposiciones, acordó su personación como acusación. Anuncio que realizó a través de un comunicado oficial, sin fecha y sin firma, en el que establecía su compromiso de proceder "sin tibieza ninguna a la expulsión inmediata si algún afiliado o delegado sindical aparece involucrado al levantarse el secreto del sumario".

Sin embargo, en estos momentos está incumpliendo este compromiso. Y ello debido a que el actual delegado de este sindicato en la Policía Local, y por tanto máximo responsable, es uno de los agentes que figura como imputado en la causa. No se trata de que esté implicado directamente en las prácticas de extorsión, y por tanto corruptas, que se están investigando. El juez mantiene su imputación porque entiende que este representante de los trabajadores amenazó a uno de los policías locales de Palma que declaró como testigo en el asunto de los exámenes a oficial, indicándole que "fuera con cuidado con lo que contaba".

Aunque el comunicado expresaba con claridad que el CSIF procedería a la "expulsión inmediata" si alguno de sus delegados aparecía involucrado en el escándalo, con su representante en la Policía Local ha hecho una excepción. Continúa como representante de esta formación.