El juez Penalva, que investiga la trama corrupta que afecta a la Policía Local de Palma, tiene experiencia más que demostrable en el uso de armas cortas, es decir, en pistolas para defensa personal. De hecho, tiene la licencia clase B, por la que se autoriza a disponer de un arma para uso exclusivo de defensa, desde hace 25 años. Aun así, la delegación del Gobierno, alegando que no se ha demostrado el riesgo "especial, concreto y personalizado" que corre en estos momentos el magistrado, a pesar de que ha enviado a prisión a ocho policías que sí disponen de autorización para portar armas, ha considerado que no es merecedor de su derecho a que se le renueve esta licencia oficial.
Tanto el juez Penalva como el fiscal Miguel Ángel Subirán habían solicitado esta licencia, al sentirse ambos en peligro, ya que durante la investigación del caso de la Policía Local se han producido varios episodios de amenazas e incluso de violencia. De hecho, uno de los policías llegó a decir que estaba dispuesto a utilizar su pistola contra Subirán. Pero la situación del juez y del fiscal es diferente. Penalva únicamente pedía la renovación de su licencia, mientras que Subirán la solicitaba por primera vez. Sin embargo, a los dos se les ha denegado la misma licencia.
El juez Penalva es un aficionado a la caza, tanto mayor como menor y, además, es un practicante habitual de tiro. Forma parte de un club que practica esta afición. De hecho, dispone de varias armas. La licencia para el uso de esta pistola de protección personal se renueva cada tres años. Ante la próxima caducidad, Penalva solicitó dicha renovación, superando la correspondiente revisión médica y el test que se realiza para comprobar la actitud. En su solicitud, además, recordaba su condición de juez y, añadía, que profesionalmente se veía obligado a tratar con delincuentes, con el plus de peligrosidad que ello conllevaba.
Sin problemas anteriores
Sin embargo, la delegación del Gobierno, que dirige Teresa Palmer, no ha atendido las circunstancias personales que padecen en estos momentos tanto el fiscal como el juez. Al primero directamente se le deniega el permiso. Al segundo se le anula la que ya tenía, cuando anteriormente, antes de que se hiciera cargo de esta compleja investigación, no había tenido un solo problema para conseguir esta renovación. Además, con la agravante, de que Penalva, no solo tiene la licencia para utilizar esta pistola para defenderse, sino que tiene todas las autorizaciones para utilizar toda clase de armas, tanto largas como cortas. Obtuvo las cuatro licencias hace más de 25 años y jamás ha tenido ningún problema en la renovación de estos permisos, salvo en esta última propuesta.
Pero ni el juez ni el fiscal se van a quedar quietos ante esta decisión de la Delegación del Gobierno. Ambos van a presentar alegaciones, entre otros cosas porque entienden que su situación personal es especialmente complicada en estos momentos, debido a que las personas a las que están investigando sí pueden usar armas, ya que son policías locales. Se ha constatado que los agentes implicados en la trama han disfrutado del apoyo e incluso de la protección de otros compañeros, como demuestra el seguimiento que han realizado a algunos testigos que han declarado, lo que aumenta el nivel de peligro.
Mientras que la Guardia Civil sí atendió la especial situación que sufren en estos momentos Penalva y Subirán y apoyaba que tuvieran dicha licencia, la delegada del Gobierno ha interpretado la situación de manera diferente. Si Delegación se opone a esta licencia, directamente el Ministerio de Interior, a través de la Guardia Civil, deniega esta petición. Sin embargo, contra la decisión administrativa cabe la posibilidad de presentar alegaciones, para que se vuelvan a valorar las circunstancias por las que se quiere adoptar esta medida de seguridad.
