Tres de los siete policías locales de Palma que están en prisión por corrupción han decidido seguir una estrategia conjunta para demostrar su inocencia pero, sobre todo, para salir cuanto antes de prisión. Y por ello, los tres antiguos integrantes de la Patrulla Verde firman conjuntamente el recurso que ha elaborado un abogado para convencer al juez Penalva de que está cometiendo un error al decidir que estén en prisión, ya que ponen en duda las declaraciones de los testigos, que aseguran que se habrían dedicado a cometer actos de extorsión contra los propietarios de bares nocturnos de Palma.
Este recurso lo han planteado los policías Gabriel Torres (exjefe de la Patrulla Verde), Gabriel Mayol y Josep Mayans. El abogado Gaspar Oliver, que ha asumido esta defensa, mantiene que la decisión del juez afecta a derechos fundamentales de sus clientes, como es la libertad.
La pasada semana, el abogado presentó otro escrito solicitando al juez tener acceso a una serie de pruebas y de declaraciones, cuyo contenido de momento sigue bajo secreto sumarial. El abogado quería conocer el contenido de las declaraciones que han hecho, entre otros, una serie de testigos protegidos, que afirman que algunos de estos policías estaban extorsionando a los dueños de estos locales, exigiéndoles dinero para no forzar su cierre. También quiere conocer la defensa la versión de los policías que han decidido colaborar con los investigadores y que fueron los primeros que desvelaron las prácticas corruptas de esta unidad de la Policía Local. De momento, el juez Penalva no ha accedido a esta petición y ha decidido mantener su decisión de que el caso se mantenga, al menos de momento, bajo secreto.
Aún sin conocer el contenido de este conjunto de pruebas incriminatorias, los tres policías locales aseguran que los testigos mienten y que lo hacen por venganza hacia ellos. En el recurso hacen especial referencia a que estas supuestas víctimas son dueños de locales que se caracterizan porque no cumplen la mayoría de requisitos para mantener el negocio abierto y que precisamente es la Patrulla Verde la que se encarga de perseguir estas actuaciones irregulares. La defensa mantiene que estas pruebas deben ponerse en cuarentena, pues estos empresarios tienen interés en perseguir a los funcionarios que les han multado porque han estado incumpliendo estas normas que impone el Ayuntamiento.
Los tres policías encarcelados también atacan a sus compañeros que han declarado contra ellos. Consideran que estas declaraciones responden a una animadversión hacia ellos y movidos por intereses particulares, ya que uno de estos testigos protegidos solicitó de inmediato cubrir la vacante que Gabriel Torres dejaba en la Patrulla Verde.
Los tres funcionarios municipales aseguran que jamás se han drogado, contradiciendo otras declaraciones que aseguran que se reunían en un bar para consumir cocaína bajo la presencia del propietario del local. Por ello, para demostrarlo, la defensa solicita una prueba que consiste en analizar un cabello y comprobar si existen o no restos de cocaína.
