Aunque hace ya más de dos años que estalló el escándalo de la Policía Local de Palma, al descubrirse el amaño de las oposiciones, los agentes investigados no han cesado en sus actividades ilegales. Han utilizado, según afirma el juez, el "chantaje, la coacción, la intimidación y el uso torticero y arbitrario de la ley". Pero lo han hecho hasta hace prácticamente un mes, como han desvelado los denunciantes. El auto afirma que estos policías de la Patrulla Verde se dedicaban a someter a inspecciones constantes a los locales que no disfrutaban de esta protección. Había semanas que acudían varias veces, solicitando siempre los mismos documentos. Pero lo hacían en el horario con más clientes. Les pedían la documentación a estos clientes y a veces también les cacheaban. Lógicamente, ya no volvían más por el local.

Los investigadores han constatado que estos policías investigados habrían estado presionando a estos negocios hasta provocar su cierre, para quedarse después con el local, y todo ello para beneficiar sus negocios particulares. Otros policías, por ejemplo, se aprovechaban de esta condición de autoridad para realizar negocios particulares con los empresarios a los que protegían. Negocios que consistían, por ejemplo, en montar aires acondicionados, cámaras de seguridad, contratar seguros o incluso el cambio de las tapicerías de los muebles.

El juez denuncia la desproporcional actuación que se realizaba en determinados locales que se negaban a pagar la extorsión. Un grupo numeroso de policías, fuertemente armados y vestidos con chalecos antibalas, entraba en estos locales de copas o prostíbulos, desplegando una fuerza innecesaria, cuando dentro solo había un camarero. En la investigación se ha comprobado también que varios de los policías que están encarcelados entraban en estos clubes de alterne únicamente para tomar copas gratis, mantener relaciones con las prostitutas sin pagar y para consumir drogas. Varios empresarios han asegurado que en ocasiones se intervenían dosis de estupefacientes cuando se realizaban inspecciones en sus locales. Los policías nunca entregaban el acta de inspección al propietario, por lo que no se reflejaba la incautación de estas sustancias prohibidas. Tampoco recibían después ninguna propuesta de sanción. Por ello, la fiscalía mantiene que estos policías se dedicaban después a consumir la droga o incluso a venderla.