­La adjudicación de la gestión del Palacio de Congresos y de su hotel anexo al Grupo Barceló supondría la pérdida para las arcas públicas de 80 millones, según denunciaron ayer el alcalde de Palma, José Hila, y el vicepresidente del Govern balear y conseller de Turismo, Biel Barceló.

La anterior es una de las tres razones esgrimidas por los representantes de la administración autonómica y municipal para no ratificar la adjudicación al Grupo Barceló por parte de la junta de gobierno de Cort e instar a la posterior anulación del concurso por parte de Palau de Congresos, aunque no la única.

Entre los motivos de la decisión tienen un peso fundamental las conclusiones del informe sobre el proceso de adjudicación encargado a la Universitat de les Illes Balears (UIB), elaborado por los profesores Avel.lí Blasco, Aina Salom y Bartomeu Trias.

El informe concluye que la junta de gobierno de Cort "no puede ni debe" ratificar la adjudicación que propuso el consejo de administración de Palau de Congressos al Grupo Barceló, porque "en el procedimiento seguido se han cometido varias irregularidades, una de ellas constitutiva de un vicio de nulidad de pleno derecho y otra consistente en un vicio de anulabilidad".

Por consiguiente, "dada la presencia de dos causas de invalidez en el pliego de bases aprobado en enero de 2015, deberá procederse a la anulación de dicho pliego y, como consecuencia de ello, a anular tambien los actos posteriores del procedimiento de licitación, es decir, a eliminar en definitiva todo el procedimiento tramitado", concluye el documento.

En el informe se señala como causa de nulidad de todo el procedimento el hecho de que la valoración del hotel, efectuada por 4o,5 millones, hubiera caducado, pese a que los servicios jurídicos municipales avalaron lo contrario.

Los profesores de la UIB establecen que no se puede mantener la tesis de que el procedimiento de licitación de 2013, por el que se realizó la primera valoración del hotel es el mismo que el aprobado en 2015, por lo que se debería haber procedido a una nueva valoración del establecimiento, algo que no se hizo, sino que se utilizó la de 2013, ya caducada. La ausencia de la valoración para la venta de patrimonio público constituye por si misma "una causa de nulidad", puesto que es una "omisión sustancial del procedimiento administrativo aplicable".

Además del anterior argumento, también se señala que, con posterioridad, se actualizó la valoración del hotel dando como resultado una cifra de 42 millones, cantidad superior a la de 40,5 millones incluidas en el pliego de bases. Los autores del informe recuerdan que el propio pliego establece como "valor mínimo" a la valoración municipal, hecho que dejaría claramente "fuera de juego" a la incluida en el pliego de 2015, que es de 40,5 millones.

El documento de la UIB establece otro motivo para no adjudicar el concurso, que constituiría una ilegalidad del pliego. Las bases establecen la fórmula de concurso para la venta del hotel, cuando la enajenación de patrimonio público, como es el caso, se debe hacer, por ley, por subasta.

En relación a la pérdida de 80 millones por parte de la administración si se adjudica la gestión a Barceló, el alcalde explicó que esta cifra se debe a que este grupo propone adquirir el hotel por 40,5 millones, mientras que Meliá -el otro concursante-, lo adquiría por 60, con una diferencia de 19,5 millones. A esta cantidad hay que añadir los 1,4 millones de euros que se dejarían de ingresar cada año hasta 2037, en el caso de que Barceló ejecutara la opción de compra del hotel prevista en el pliego.

Además, Hila añadió otro motivo para que la junta de gobierno no ratifique la adjudicación consistente en la inexistencia de garantías sólidas del mantenimiento de la gestión del Palacio durante todo el tiempo de concesión (hasta 2037). El alcalde explicó que "nos podemos encontrar con la situción de que Barceló adquiera el hotel por 40,5 millones y a los diez años abandone la explotación del Palacio de Congresos, con una penalización irrisoria".

En relación a los pasos que se van a dar en el futuro, tanto el alcalde como el vicepresidente Barceló explicaron que, en función de los estudios de viabilidad que está redactando del gerente de Palau de Congressos, Josep Sintes, se decidirá en los próximos meses si se convoca un nuevo concurso, con unas bases distintas al que se anulará ahora o si, por el contrario, se decide alquilar el hotel y que la gestión del Palacio sea pública.

Biel Barceló puntualizó que, en este último supuesto, no se descarta la externalización de servicios, aunque manteniendo la explotación pública.