Los policías locales de Palma detenidos el pasado domingo por corrupción se habrían dedicado, presuntamente, a extorsionar a empresarios del ocio de la ciudad. Una actuación irregular que no se habría concentrado en una única zona nocturna, sino en diferentes espacios urbanos, desde la Playa de Palma, el Paseo Marítimo, la plaza Gomila o incluso los polígonos industriales donde se han abierto varios bares en los últimos años. No se trata de grandes locales, sino de modestos negocios encabezados por pequeños empresarios, muchos de ellos de origen sudamericano. Hasta ahora, al menos 20 propietarios han denunciado que durante años, pero sobre todo en los últimos meses, varios agentes de la Patrulla Verde, encargados de las inspecciones de estos locales, les extorsionaban. Una situación que habría provocado la quiebra de más de un negocio.

El Grupo de Blanqueo de Dinero mantenía ayer detenidos a los nueve policías locales que están acusados de encabezar este grupo. Entre los detenidos se encuentra el excomisario Estarellas, que no se le acusa directamente de extorsión, sino de no haber actuado frente a un delito. Es decir, supuestamente, tendría conocimiento de estas prácticas corruptas de sus subordinados, pero no habría hecho nada, no solo evitándolas, sino tampoco ordenando una investigación. Los otros ocho detenidos forman parte, o han pertenecido, del grupo de la Patrulla Verde, en cuyas competencias está la del control de estos negocios para que cumplan la normativa municipal.

El fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, y el juez Manuel Penalva disponen de la declaración jurada de este número elevado de empresarios de Palma, que han señalado los nombres de los policías que les habrían estado, supuestamente, extorsionando. Han detallado que la Patrulla Verde intensificaba los controles y las inspecciones en sus respectivos locales, en ocasiones incluso falsificando los documentos oficiales, después de negarse a aceptar las condiciones que exigían. Otras veces estos policías no pedían dinero, pero repetían con frecuencia los registros y las inspecciones, supuestamente para beneficiar a otro empresario de la competencia, que sí habría premiado con regalos, o incluso dinero, a estos policías. Se ha averiguado también que estos empresarios protegidos eran avisados con antelación cada vez que se iba a practicar una inspección en su negocio. Los investigadores están convencidos de que no se trata de actuaciones individuales de policías que aprovechan su condición de autoridad para obtener un beneficio económico. Se trataría de un grupo organizado que actuaría de una forma coordinada, tomando decisiones en común para perjudicar o proteger siempre a los mismos locales. El grupo, supuestamente, estaría dirigido por el que fue hasta hace poco jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, que fue detenido hace unos meses en otra fase de la investigación. Además, ingresó en prisión por incumplir reiteradamente la orden que le prohibía acercarse por las dependencias de San Fernando. Estuvo prácticamente un mes en prisión. Ante las nuevas pruebas recogidas en las últimas semanas, el juez y el fiscal consideraron necesario su nuevo arresto, ya que muchos de los empresarios a los que se ha tomado declaración han apuntado directamente hacia ese jefe de la Policía Local. El juez mantuvo ayer una larga reunión con los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán para acordar las próximas actuaciones. Mientras tanto, los detenidos fueron ayer tarde interrogados. La mayoría de ellos prefirió mantener silencio y optaron por declarar hoy a las preguntas que le formulará el juez y los fiscales Anticorrupción. Los investigadores no descartan nuevas detenciones.