La oficina antidesahucios puesta en funcionamiento por el Ayuntamiento de Palma desde el pasado 25 de julio ha evitado que 64 familias palmesanas se hayan quedado sin casa por no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca a una entidad bancaria o del alquiler a un particular.
El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Antoni Noguera, explicó que, de los 17 lanzamientos judiciales que se han producido en estos dos meses, se han conseguido paralizar todos, 11 de ellos han sido aplazados, en cuatro se han encontrado otras soluciones alternativas, como la habilitación de otra vivienda en tres casos, o la remisión de la familia al Servicio de Atención Municipal (SAM) y dos están pendientes de resolución.
En 35 casos se ha negociado con las entidades bancarias la reestructuración de la deuda, con el fin de permitir que la familia afectada pueda seguir ocupando su vivienda, y en otros trece casos se está negociando la dación en pago.
Por lo que respecta a los alquileres, en cinco casos se ha conseguido paralizar el lanzamiento judicial -el acto que obliga a la familia a dejar la vivienda- y en otros tres se ha encontrado otra vivienda a través de la oficina.
El teniente de alcalde explicó que las entidades bancarias están colaborando con la administración municipal con el fin de encontrar soluciones alternativas para las familias que no pueden pagar la hipoteca para que no tengan que abandonar sus viviendas.
Prueba de ello es que todos los lanzamientos hipotecarios solicitados por una entidad bancaria han sido resueltos en uno u otro sentido y que, en otros expedientes se está negociando con el afectado, con la ayuda de los técnicos de la oficina antidesahucios, o bien la reestructuración de la deuda o la dación en pago.
Como aspecto negativo, manifestó que buena parte de las entidades bancarias siguen sin informar a las personas afectadas de la existencia del denominado código de buenas prácticas, que precisamente permite negociar con los afectados una salida que no sea la de tener que abandonar su vivienda habitual.
Por lo que respecta a las órdenes de desalojo dictadas por un juzgado como consecuencia del impago del alquiler a un particular, Noguera explicó que en estos momentos son los casos más difíciles de solventar, puesto que en muchas ocasiones el propietario de la vivienda arrendada necesita el importe de la renta para vivir y hay poco margen de maniobra para la negociación. De todas formas insistió en que también en estas situaciones se ha encontrado una solución para todas los afectados atendidos por la oficina en estos dos meses.
La oficina ha recibido un total de 156 expedientes de otros tantos casos que se encuentran en distintas fases de tramitación, 98 de los cuáles son de entidades bancarias y 58 de alquileres. En una primera fase la oficina se puso en funcionamiento con dos técnicos licenciados en derecho, 2 trabajadores sociales y un auxiliar administrativo.
El perfil de los usuarios del servicio es el de una familia con hijos en primer lugar, monoparentales en segundo y de parejas solas. La mayoría de los usuarios son mallorquines.
En una segunda fase se incorporó un trabajador de Bienestar Social, con el fin de tramitar las ayudas sociales desde la oficina. En estos dos meses se ha concedido una ayuda para el alquiler social y otras 19 se encuentran en trámite. También se contempla actualizar el convenio con los juzgados con el fin de prevenir y paralizar las órdenes de lanzamiento antes de que se produzcan. Noguera explicó que en pocas semanas se prevé firmar el primer convenio con un banco pa la cesión de pisos vacíos con los que se pretende establecer una bolsa de viviendas de alquiler social.
A medio plazo se preve la constitución de una mesa por la vivienda, que se convocará por primer vez a principios del próximo mes de octubre. Su objetivo es el de coordinar las administraciones y realizar un diagnóstico de las necesidades del vivienda social.
