En un máximo de 45 días el Ayuntamiento de Palma y el Goven Balear dispondrán de un informe jurídico elaborado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre la legalidad del proceso de adjudicación del Palacio de Congresos y de su hotel anexo al Grupo Barceló.
Los servicios jurídicos del Govern comunicaron ayer a la concejala de Turismo, Joana Maria Adrover, que no van a realizar este dictamen -que les fue encargado por el consejo de administración de Palau de Congressos SA el pasado día 7 de agosto- sin explicar los motivos que se lo impide. En consecuencia, Adrover ayer puso en marcha el proceso de contratación de una asesoría externa, tal como se había acordado en el caso de que los servicios jurídicos del Govern no asumieran su realización.
Adrover realizó ayer una consulta a la UIB, que confirmó su disposición a elaborar el informe. De esta forma, anunció que los trámites para formalizar el encargo se podrán en marcha el próximo lunes. A partir de este momento la UIB dispondrá de 45 días, como máximo, para realizar el informe, un plazo que no necesariamente se debe agotar.
El coste de la realización del trabajo no trascendió ayer, pero probablemente será inferior a los 12.000 euros puesto que no será preciso convocar un concurso para formalizar este encargo, tal como confirmó la concejala.
Sea como sea, tal como manifestaron tanto el vicepresidente del Govern balear, Gabriel Barceló, que preside la sociedad pública Palacio de Congresos, y la concejala de Turismo de Cort, Joana María Adrover, presidenta de su consejo de administración, se prevé que, a finales del próximo mes de octubre, se esté en disposición de decidir si de confirma la adjudicación de la gestión del Palacio y del hotel al Grupo Barceló o si, por el contrario, se revoca la decisión de la mesa de contratación acordada poco antes de las pasadas elecciones municipales.
Ambos dirigentes coincidieron en manifestar que, si el informe sobre la legalidad del procedimiento utilizado no pone en evidencia ninguna irregularidad, se procederá a confirmar la adjudicación al grupo hotelero. En caso contrario, según Adrover "quedarían abiertas todas las posibilidades". Entre ellas se incluye la convocatoria de un nuevo concurso e incluso no se descarta la gestión directa por parte de Palau de Congressos, la sociedad promotora del complejo, integrada a partes iguales por el Govern balear y el Ayuntamiento de Palma.
El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, rechazó que en estos últimos meses se haya estado perdiendo el tiempo, y afirmó que lo importante es que "nos aseguramos de hacer las cosas bien".
Se preguntó por qué el anterior gobierno municipal de Mateu Isern no quiso ratificar la adjudicación al Grupo Barceló, y recordó que "el Palacio lleva cuatro concursos desierto, años de retraso, en el anterior mandato las obras estuvieron 24 meses paralizadas y con constantes incumplimientos por parte de la constructora Acciona" en relación a la fecha de finalización de las obras.
En cualquier caso, afirmó que desde el Govern en estos momentos no se plantean el desmantelamiento de estas instalaciones y que, "si bien en 2011 o 2012 era una posibilidad, puesto que su desmontaje suponía un coste de 6 u 8 millones, "ahora no tiene sentido, después de haber invertido otros 40 millones públicos". En este sentido, afirmó que en estos momentos "plantearnos el derribo del Palacio sería una aberración". Por su parte, Juana Maria Adrover insistió que desde el Ayuntamiento de Palma se pretende que el Palacio de Congresos esté en funcionamiento lo antes posible, "con las máximas garantías jurídicas".
Manifestó su interés en que la infraestructura, una vez acabadas las obras a finales de diciembre o principios de enero "no permanezca ni un día cerrada, aunque no quiso adelantar qué acciones se podrían realizar para que este deseo sea posible sin contar con un gestor.
La responsable municipal insistió en la necesidad de realizar el informe jurídico sobre el proceso de adjudicación, porque los redactados por los servicios jurídicos municipales y por Intervención se limitan a responder a cuestiones muy concretas como el precio del hotel.
Además, Adrover afirmó que el de Intervención recuerda que la venta de patrimonio municipal solo se puede realizar por subasta, una cuestión que se podría incumplir en el caso de que Barceló decidiera ejecutar la opción de compra sobre el hotel incluida en su propuesta.
