El policía local de Palma, ya jubilado, acusado de extorsionar a empresarios de la Platja de Palma, continuará de momento en prisión. Así lo ha decidido el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, que entiende que el funcionario podría influir en los testigos que han declarado contra este imputado, que esta en prisión desde mediados del pasado mes de agosto.
Miguel E.S. forma parte de la larga lista de nombres de agentes y mandos de la Policía Local de Palma que están siendo investigados por corrupción. Sin embargo, es el único de los imputados que en estos momentos está en prisión. Cuando entró en la cárcel coincidió con otro compañero, que estaba en prisión por incumplir la orden que le prohibía acercarse a determinados locales de la Platja de Palma. El agente, que estaba apartado del servicio activo, reconoció ante el juez, no solo que había incumplido la orden, sino que incluso lo volvería a hacer, por lo que el magistrado lo envió a prisión. Sin embargo, en estos momentos ya se encuentra en libertad.
La situación del otro agente es incluso más grave. El policía formó parte en su última etapa profesional de la Patrulla Verde, la unidad que se encarga del control y de las inspecciones que se realizan en los locales abiertos al público. También se encarga de la fiscalización de las licencias de apertura de estos negocios, así como del control de los horarios.
El policía controla, junto a su esposa, un negocio de tapicería. Los investigadores han recogido la declaración de varios testigos que señalan que el policía les ofrecía la contratación de su empresa y a cambio les proporcionaba un trato de favor. Una actuación que consistía en limitar las inspecciones a estos negocios y, en ningún caso, proponer ningún tipo de sanción económico. Sin embargo, los empresarios que se negaban a contratar los servicios de su tapicería sufrían reiteradas e injustificadas inspecciones de sus locales.
El Grupo de Blanqueo de Dinero de la Policía, que lleva a cabo esta investigación, ha entregado al juez la declaración de varios perjudicados, que han implicado directamente a este policía en estas tramas corruptas. Son varios los testigos que han señalado que el funcionario realizaba las inspecciones a las horas que tenían más clientes. No se limitaba únicamente a solicitar la documentación sobre el local al propietario, sino que también obligaba, según estos testigos, a que se identificaran. Ante esta situación muchas de estas personas optaban por marcharse, lo que suponía al dueño perder a un cliente. Los investigadores han averiguado que este policía disfruta del incondicional apoyo de un grupo de compañeros. Se está investigando en estos momentos si alguno de estos policías locales, muchos de ellos en activo, podrían ser los autores de las cartas anónimas con amenazas que ha recibido la concejal de seguridad ciudadana, Angélica Pastor, por sus decisiones con respecto al escándalo que afecta a la Policía Local.
El caso sigue bajo secreto sumarial. Es la primera vez que la Audiencia se pronuncia sobre la situación personal del único de los implicados que está en estos momentos en prisión. El tribunal rechaza el recurso que planteó la defensa del policía y mantiene que existen razones más que suficientes que justifican que el investigado siga preso.
Miguel E.S., que ya había sido arrestado en la primera fase de la investigación, se negó a contestar a las preguntas que pretendía formularle el juez Manuel Penalva. Ante la gravedad de los testimonios recogidos, el fiscal Miguel Ángel Subirán solicitó su ingreso en prisión, propuesta que fue aceptada por el juez. Esta decisión ha sido finalmente confirmada.
