La concejalía de Bienestar y Derechos Sociales revisará el convenio suscrito con el centro concertado Es Convent debido a que finaliza el próximo enero, aunque es prorrogable un año más. La responsable política, Mercè Borràs, afirmó ayer que "se tendrán que modificar las condiciones" en caso de que se lleve a cabo la prolongación del acuerdo firmado por el equipo de gobierno de Mateo Isern. La actual regidora añadió que es "necesario darle un giro, porque hay aspectos que van bien, pero otros pueden mejorar".
La asociación Donavida, que da voz a una antigua usuaria del centro social gestionado por la fundación Sant Joan de Déu, cree que "el Ayuntamiento tendría que rescindir el acuerdo, ya que el servicio que ofrecen quienes lo dirigen es muy deficiente", tal como afirma la presidenta, Inma Matarín. Esta entidad se dedica a defender el bienestar de mujeres maltratadas y su portavoz asegura que la antigua usuaria del centro concertado "fue expulsada por denunciar el mal estado de la comida y las condiciones en las que trataban a su hija. No es la única queja que hemos recibido de las usuarias", según destaca la presidenta.
La regiduría de Bienestar Social se reúne el lunes con la afectada para buscar una solución y los técnicos municipales del área están estudiando el expediente, debido a que desde la dirección del centro de acogida alegan que la usuaria fue expulsada a causa de su mala conducta.
Criticado por Més
El recinto ubicado en el antiguo convento de Santa Catalina de Siena, más conocido como de las Dominicas, destina 54 plazas al Servei d'Acollida Municipal (SAM) desde febrero de este año, una decisión aprobada por los anteriores responsables políticos de Bienestar Social. El grupo Més, que entonces estaba en la oposición, criticó duramente el convenio, porque se encarece el coste del servicio y no se lleva a cabo una verdadera reinserción de las personas sin recursos, tal como explicó en su momento el regidor Antoni Noguera.
Ya en esta legislatura, como responsable del área de Vivienda Digna, reiteró que cuesta más a las arcas públicas atender en el centro a una familia de cuatro miembros que se ha quedado sin hogar que un alquiler social, dijo en referencia a que en estos momentos Cort abona 160 euros al mes por cada caso, es decir, 4.800 euros anuales.
