La expresidenta de la Federació Palmesana d'Associacions i Entitats Ciutadanes (Fepae), Soledad Sarabia, lleva más de dos desvinculada de los movimientos vecinales, pero su gestión al frente de la entidad todavía da que hablar. Y esta vez es a su favor. Los juzgados de lo social han fallado en dos ocasiones a favor de la antigua líder vecinal y condenan a la Fepae a pagar 143.000 euros a su expresidenta.
Sarabia estuvo vinculada durante 21 años a la Fepae, la mitad de los cuales ejerció como presidenta de esta federación de asociaciones de vecinos. Entró en la entidad en 1992 como oficinista y hasta el final de su cargo, en 2013, mantuvo un contrato laboral con la Fepae. Cuando ocupaba la presidencia, cobraba más de 30.000 euros anuales por sus funciones, según fuentes de la junta gestora de la Fepae. Las subvenciones de Cort no bastaban ni para cubrir su nómina.
Tras abandonar la presidencia, denunció a la federación para que le abonara el sueldo que le quedaba por cobrar y la indemnización por despido. Lo curioso es que se trató de un despido que ella misma se tramitó.
Dos juzgados de lo social distintos le han dado la razón a Sarabia y ahora han condenado a la Fepae a abonarle las cantidades que reclama. En una sentencia obligan a la asociación a que le pague casi 74.000 euros en concepto de salario y otros 68.000 euros adicionales a modo de indemnización por despido. La segunda sentencia establece que la Fepae tiene que pagar otros 11.000 euros de sueldo que le deben.
Sin embargo, la situación se complica porque la Fepae está en proceso de disolución. La entidad no se ha personado en ninguno de los dos procesos judiciales que inició Sarabia y los tribunales han declarado a la Fepae "en ignorado paradero".
Una deuda que se incrementa
Una junta gestora se encargó de finiquitar la entidad a partir del año 2013, poco después de que Sarabia abandonara el cargo. Según denunciaron los directivos que la sucedieron, las cuentas de la entidad no estaban claras. Cort les reclamó 14.000 euros, tras haber cobrado una serie de subvenciones correspondientes al año 2012 que luego no justificaron como corresponde. También se dejaron de pagar alquileres, impuestos y otras deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
El agujero económico -según una auditoría que encargó la junta gestora de la Fepae- ascendía a 80.000 euros. Sin embargo, no tuvieron en cuenta las reclamaciones judiciales de la expresidenta Sarabia, por lo que ahora la deuda se les ha incrementado notablemente.
La junta gestora de la Fepae remitió a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación relativa a la gestión de Sarabia, temiendo que se pudiera tratar de un caso de fraude, estafa y falsedad documental. El Ministerio Público sigue indagando el caso, pero todavía no ha remitido el expediente a los tribunales penales.
