La nueva dirección política del Ayuntamiento ha exigido a la agente de la Policía Local que ha denunciado un asunto de acoso laboral en el cuartel de Sant Ferran que devuelva los complementos salariales que, según la administración, viene cobrando de forma irregular. Una decisión que puede suponer una pérdida mensual de unos 500 euros, situación que empeora el grave estado depresivo que padece esta funcionaria, que mantiene que sus problemas psicológicos derivan del acoso laboral al que la sometió su jefe.
La funcionaria se encuentra en situación de segunda actividad pendiente de destino. Era una situación provisional que le permitía cobrar la totalidad del sueldo, es decir, tanto el salario base como los correspondientes complementos que reciben todos los policías locales de Palma.
Es una situación en cierta forma especial, dado que la mujer atribuye sus problemas psicológicos -que la han obligado a ingresar hasta tres veces en un hospital por las correspondientes crisis- a la situación de mobbing a la que fue sometida por un inspector del Cuerpo. La funcionaria ha presentado una demanda al Ayuntamiento de Palma y le reclama una indemnización de 600.000 euros. El caso está pendiente de ser resuelto en sentencia. En el juicio varios agentes confirmaron que el inspector sometió a una situación de acoso a la policía porque no estuvo dispuesta a acatar una orden, que no era otra que retirar el saludo a unos compañeros porque la entonces alcaldesa, Catalina Cirer, les había elegido como escoltas, sin habérselo consultado. Ella justifica que no cumplió la orden porque entendía que sus compañeros eran buenos profesionales.
Afirma que a partir de ese momento empezó su calvario profesional, ya que dejó de contar con la confianza del inspector (hasta entonces su hoja de servicios era impecable), que la tuvo apartada de cualquier actividad del grupo. Denuncia que su superior la obligaba a estar sentada en una mesa de despacho sin hacer nada y que la situación se prolongó durante semanas hasta que no aguantó más y cayó en una profunda depresión. En este momento se encuentra bajo tratamiento médico y se ve obligada a tomar varias pastillas diariamente.
La notificación que ha recibido, firmada por una funcionaria, señala que, al encontrarse realmente en situación de segunda actividad sin destino, no le corresponde cobrar la totalidad de los complementos. Perderá una parte proporcional de su sueldo, que puede rondar los 500 euros al mes. Además, el Ayuntamiento le exige que devuelva esta parte proporcional de los complementos que ha venido cobrando en los últimos años. Aparte de reducirle el sueldo, cabe la posibilidad de que Cort le retenga cada mes una determinada cantidad para que vaya devolviendo este dinero.
La agente no acepta esta decisión porque no entiende que se la castigue con una reducción drástica del sueldo cuando sus problemas psicológicos derivan, precisamente, de una situación de acoso laboral que ha venido sufriendo durante los últimos diez años. El abogado que la representa, David Salvá, sostiene en la demanda que Cort pudo evitar la depresión que padece la policía si hubiera aplicado las indicaciones que recibió en materia de riesgos laborales. Los expertos que han tratado a la agente local afirman que no podrá recuperarse de su situación.
La actual regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, se ha interesado por el problema. La responsable política de la Policía Local se comprometió con el marido de la funcionaria a estudiar el tema. Sin embargo, hasta el momento no ha llamado a la mujer para conocer su situación y los motivos de su denuncia. La reacción de la Policía Local ha sido reducirle el sueldo.
