La estrategia del silencio es la que ha seguido el Ayuntamiento de Palma en los últimos años. Cuando un ciudadano sufre un percance que deba ser indemnizado, primero tiene que reclamarlo ante la propia administración. Cort tiene por sistema no responder a estas peticiones, que quedan desestimadas por el llamado silencio administrativo.
Durante el pasado mandato, el consistorio ha destinado cada vez menos dinero a indemnizar a vecinos por concepto de responsabilidad patrimonial. Según las liquidaciones de los últimos presupuestos municipales, en 2012 Cort abonó 485.000 por indemnizaciones de daños y perjuicios. En 2013 la cantidad se redujo a 410.000 euros. Y en 2014 fueron solo 360.000 euros. Para el año 2015, el anterior equipo de gobierno municipal presupuestó 300.000 euros. Sin embargo, las quejas por falta de mantenimiento siguen estando a la orden del día entre las asociaciones vecinales, que protestan por el mal estado de las calles.
