El número dos de la Patrulla Verde de Palma, Gabriel T. P., ingresó ayer en la cárcel tras quebrantar una orden de alejamiento que le prohibía acercarse al cuartel de Sant Ferran. El agente, que ocupaba el cargo de oficial coordinador de la policía medioambiental, entró en reiteradas ocasiones a la sede de la Policía Local de Palma pese a la prohibición judicial. Tras citarle ayer en los juzgados, se dictó prisión provisional para el agente por no cumplir la orden judicial y querer estar "por encima de la ley".
El oficial Gabriel T. P. ha trabajado durante más de una década en la Patrulla Verde, la unidad de la Policía Local de Palma dedicada -entre otras cosas- a controlar que los locales cumplan la normativa de aforo, licencias, ruido o terrazas. Gabriel T. P. era el subjefe de la unidad y fue detenido hace un mes tras ser acusado de favorecer a discotecas y locales de ocio de los dos mayores grupos empresariales que operan en la Platja de Palma.
Después de interrogarle el pasado 15 de junio, el juez de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, le impuso una orden de alejamiento. En el mandato se le prohibía acercarse a los locales de ocio de la Platja de Palma y también se le vetaba la entrada al cuartel de Sant Ferran, su lugar de trabajo, para que no pudiera intimidar a los testigos de la investigación.
Tras un informe de Cort
Pese a la prohibición, Gabriel T. P. accedió en reiteradas ocasiones a la sede de la Policía Local. Así lo indica un informe que encargó la regidora de Seguridad Ciudadana de Cort, Angélica Pastor (PSOE), sobre este oficial. El documento fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción, que se encarga de investigar la trama corrupta policial en la Platja de Palma.
El Ayuntamiento también decidió abrirle expediente a raíz de su imputación judicial y le apartó de la Patrulla Verde. Desde el pasado 1 de julio Gabriel T. P. está destinado en los radares que controlan el tráfico en la ciudad.
Con toda esa información sobre la mesa, el juez Penalva citó ayer al número dos de la Patrulla Verde para preguntarle por qué se había saltado la orden de alejamiento. A media mañana se personó en los juzgados de la avenida de Alemanya junto a su abogado, Gaspar Oliver. Gabriel T. P. reconoció haber incumplido el mandato judicial, pero dijo tener una excusa. Según su testimonio, un comisario le había ordenado devolver las llaves de un despacho del cuartel policial.
Para el juez Penalva se trata de un pretexto "inadmisible". El magistrado no considera creíble que su superior no conociera la orden de alejamiento. Además, le recuerda que tenía otras alternativas para devolver las llaves que no implicaban ir personalmente a Sant Ferran.
El auto de prisión provisional fue contundente e indicó que la presencia de Gabriel T. P. en el cuartel tenía una "intención intimidatoria" contra otros testigos del caso de corrupción policial. El juez también le recriminó que, con su actitud de regresar a la sede de la Policía Local pese a tenerlo prohibido, el imputado pretendía dar una apariencia de estar "por encima de la ley".
