El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma aprobó ayer en solitario solicitar autorización al ministerio de Economía y Hacienda con el fin de adherirse al denominado fondo de impulso económico y poder formalizar un préstamo de 40,6 millones para hacer frente al pago de expropiaciones con sentencia firme.

En el transcurso del pleno extraordinario celebrado ayer el concejal de Hacienda, Adrià García explicó que se ha rebajado la cifra inicialmente anunciada de 51,8 millones a 40,6, puesto que se ha comprobado que en los 21,9 millones correspondientes a la sentencia de la expropiación de Son Berga ya se incluían los 12,5 millones de sa Teulera.

Tanto el PP como Ciudadanos se abstuvieron por considerar que no se había remitido a sus grupos la información de la forma adecuada, puesto que no fue hasta ayer cuando tuvieron conocimiento del informe de Intervención.

José Lluís Bauzá, de Ciudadanos, destacó que hasta el miércoles no tuvieron la documentación necesaria para estudiar en profundidad la operación prevista y criticó las prisas del equipo de gobierno en esta cuestión, puesto que el plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo día 15. Advirtió que su grupo no va a permitir un incremento de la deuda municipal y exigió que si finalmente el Ministerio permite realizar la operación de endeudamiento "el dinero sea finalista".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Margalida Durán, destacó que si ahora el equipo de gobierno puede solicitar adherirse a este fondo es "gracias a la buena gestión" del anterior equipo de Mateo Isern, "que cumplió con el objetivo de equilibrio presupuestario y consiguió pagar las facturas a 30 días", requisitos que se exigen para poder formalizar la operación financiera. A su juicio, "ha habido una falta de transparencia absoluta hacia los grupos de la oposición" y criticó que "cada vez que hacen una rueda de prensa incrementan el gasto".

De ahí la necesidad de que el equipo de gobierno responda a una serie de preguntas que hizo en el pleno. Entre ellas cuánto cuesta a los ciudadanos esta nueva operación, si se va a mantener el equilibrio presupuestario una vez formalizada y cuál es el estado de la tesorería municipal. También preguntó cómo va a hacer frente el Ayuntamiento a los gastos derivados del incremento de la deuda, que cifró en 3 millones anuales más, y se preguntó si para ello "van a subir el IBI". Preguntas que no obtuvieron respuesta en la sesión de ayer, aunque el responsable de Hacienda, Adrià García, se comprometió a dar "cumplida información en otros plenos a la retahíla de preguntas formuladas" por la portavoz conservadora.

Ahorro municipal

García defendió la conveniencia de la operación y aseguró que no se incrementa la deuda, sino que "pasamos una existente -la del pago de las expropiaciones con sentencia firme- a financiera".

Recordó que el mismo día que informó a los medios de comunicación de esta operación, también avisó a la oposición. Para García se trata de una operación beneficiosa para el Ayuntamiento, que va a producir un ahorro a las arcas municipales, puesto que los intereses previstos (del 0 por ciento en 2015 y del 1,3 por ciento en 2016) son inferiores a los de demora que deberíamos pagar si no se liquidan las expropiaciones", si bien este "ahorro", aún no ha sido cuantificado.

El préstamo tiene una carencia de dos años con el compromiso de devolver la totalidad del capital a los 10. También se incrementó el fondo de contingencia hasta el 1 por ciento de los gastos no financieros, lo que supone unos 3 millones.