El subjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, Gabriel T.P., fue detenido ayer y más tarde puesto en libertad, por su supuesta implicación en la trama corrupta que implica a esta unidad policial. Una detención que se produce tras el estudio de una serie de expedientes de inspección de locales de ocio de la Playa de Palma, en los que habría intervenido el citado mando policial. La fiscalía Anticorrupción sospecha que este responsable de la Patrulla Verde dispensaba un especial trato de favor a dos de los empresarios más poderosos del sector de ocio de la zona del Arenal. Uno de ellos es Miguel P., quien fue arrestado hace varias semanas por organizar orgías sexuales con políticos, a cambio de no recibir sanciones en sus locales del Arenal. El otro es también un importante empresario del negocio nocturno, con poderosos intereses económicos en esta zona turística, donde es propietario de varios establecimientos. El oficial Gabriel T.P. fue interrogado ayer al mediodía por la juez titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Carmen González, que desde hace un año investiga, en un sumario que está bajo secreto, esta trama corrupta que se focaliza en la Playa de Palma. En esta declaración asistió también el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.

Este nuevo arresto de un alto mando de la estructura policial de Palma se llevó a cabo en la mañana de ayer en las mismas dependencias de la Policía Local, en la Avenida San Fernando. Gabriel T.P. se convierte en el segundo alto cargo de esta unidad que ha sido imputado en relación a este escándalo que salpica a la Policía Local de Palma.

En la declaración se le preguntó al detenido si había ofrecido algún tipo de trato de favor a los dos empresarios más poderosos de la Playa de Palma. El funcionario policial negó en todo momento las acusaciones vertidas por la fiscalía Anticorrupción, manteniendo que su actuación con respecto a los expedientes de inspección de estos locales nocturnos había sido del todo profesional, sin beneficiar ni perjudicar a ningún empresario en concreto.

Estas acusaciones vertidas contra el mando policial se fundamentan en el detallado análisis de los expedientes que el Grupo de Información de la Policía Nacional ha intervenido en las últimas semanas en las dependencias de San Fernando, donde precisamente fue arrestado ayer Gabriel T.P. Expedientes donde se habrían detectado graves irregularidades, sobre todo en los que afectan a los negocios de los dos poderosos empresarios. Irregularidades que habrían justificado la drástica decisión de proceder a la detención del subjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local.

El oficial, que hace dos años recibió la medalla con distintivo azul que entrega la Policía Nacional, contestó a todas las preguntas que le formuló la juez y el fiscal. Unas respuestas en las que negó en todo momento que hubiera actuado irregularmente como subjefe de la Patrulla Verde y, sobre todo, que hubiera tratado de diferente manera a los dos empresarios citados en la declaración, que al resto de propietarios de locales de ocio de la Playa de Palma. La fiscalía en ningún momento se planteó solicitar el ingreso en prisión del detenido, cuya declaración terminó a primera hora de la tarde de ayer. Sin embargo, Anticorrupción reclamó a la juez que prohibiera al detenido que se acercara a estos locales de ocio de la zona turística, ante la posibilidad de que pudiera de alguna manera presionar a algún testigo que ha declarado en esta investigación.

Antes de que se le tomara declaración como imputado, el mando de la Policía Local estuvo presente en el registro que se realizó en su oficina. También se registró su domicilio, según confirmaron fuentes próximas al caso. Al parecer, los investigadores se llevaron documentos de dicha vivienda para ser analizados.

Se investiga también si familiares muy próximos a este policía local habrían estado trabajando para uno de los dos empresarios implicados. Los investigadores han descubierto una trama dirigida por varios agentes, que se dedicarían a realizar negocios particulares en estos locales, a cambio de un cierto grado de protección para evitar sanciones.