La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) ha decidido reclamar al Govern por vía judicial 101,7 millones del canon de saneamiento. El consejo de administración celebrado ayer, el último ordinario del actual mandato, autorizó la interposición de recursos contenciosos contra la dirección general de Recursos Hídricos, administración dependiente del Govern balear "por la falta de resoluciones positivas de los expedientes del canon de saneamiento de los proyectos presentados hasta la fecha".
Como consecuencia de esta falta de respuesta de la administración autonómica en el acuerdo del consejo de administración de la empresa se asegura que Palma "está sufriendo un gravísimo déficit de inversión en infraestructuras que, dada la antigüedad de las redes de saneamiento y atendiendo a la necesidad de adaptación de los progresivos cambios normativos, está provocando una imposibilidad en el ejercicio de las competencias municipales".
Desde la empresa municipal recuerdan que Balears cuenta con un sistema de financiación de las actuaciones en política hidráulica que se vertebra a través del canon de saneamiento, aprobado por ley en 1991.
De acuerdo con lo establecido en esta ley autonómica la recaudación de dicho canon, "deberá destinarse íntegramente a la financiación de las actuaciones de política hidráulica que realice la Junta de Aguas de Balears", organismo actualmente sustituido por la dirección general de Recursos Hídricos y el ABAQUA.
Según el estudio realizado por la empresa municipal, el balance de lo que se ha ingresado por el canon que gestiona la empresa municipal como sustituto del contribuyente, y lo recuperado mediante las subvenciones previstas, es negativo para la ciudad.
En concreto, el balance, calculado desde 2001 hasta junio del año pasado, arroja una diferencia entre lo recaudado y las indemnizaciones por inversiones y por subvenciones a la explotación de 101,7 millones.
En este apartado, los técnicos de la empresa municipal alertan de que "es especialmente grave, la falta absoluta de indemnizaciones por inversiones en el período comprendido entre 2009 y 2014".
En el acuerdo se indica asimismo que "ante tamaña ausencia de dotación presupuestaria por parte del Govern, esta empresa pública se encuentra definitivamente imposibilitada para llevar a cabo todas aquellas intervenciones y actuaciones que resultan absolutamente imprescindibles para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa actualmente vigente en la materia que nos ocupa".
Lo anterior ha provocado que Emaya haya tenido que acudir a procedimientos de urgencia, previstos también en la legislación vigente, para realizar una serie de inversiones absolutamente necesarias, pese a lo cual "tampoco han corrido mejor suerte en cuanto a su tratamiento por parte del departamento autonómico competente en la materia".
De esta forma se han remitido proyectos por un importe de 33,4 millones, cifra a la que hay que sumar otros 2,1 que ya han sido ejecutados sin que el Govern haya hecho frente a las indemnizaciones previstas.
