"Nos parece que tenemos la joya de la corona, cuando lo cierto es que, tras cinco concursos fallidos y con la posibilidad de que se puedan presentar más de una decena de empresas de primer nivel de ámbito internacional, solo se han interesado por la gestión del Palacio de Congresos dos: Melià y el Grupo Barceló", manifestó el teniente de alcalde de Turismo, Álvaro Gijón.
El también presidente de Palau de Congressos en la recta final del actual mandato, advirtió en el pleno celebrado ayer del riesgo de que "exijamos tanto que al final nos quedemos con un edificio fantasma".
Al candidato a la alcaldía por Més, Antoni Noguera, Gijón le sugirió que, a lo largo de la próxima campaña electoral, "no afirme tantas veces con rotundidad que si gobiernan van a derribar el complejo, no sea que les pase como al anterior Govern del Pacte, que tenían que paralizar las obras del hospital de Son Espases y derribar lo hecho, cuando acabaron inaugurándolo".
El enésimo debate sobre el Palacio de Congresos suscitado a lo largo del presente mandato fue propiciado en el último pleno por una proposición del grupo municipal Més por la que se solicitaba que el Ayuntamiento revisara de oficio el acuerdo alcanzado por mutua conformidad con el Grupo Barceló, primer concesionario de la construcción y gestión del Palacio de Congresos y del hotel anexo, por el cual no se ejecutó el aval de 5,2 millones previsto en caso de incumplimiento de contrato.
El acuerdo fue rechazado por el PP y por el PSOE, aunque con distintos razonamientos. El portavoz del grupo municipal Més, Antoni Verger, puso de manifiesto la inexistencia de informes que avalaran la existencia de razones de interés general para autorizar la posibilidad de rescindir el contrato con el grupo Barceló por mutua conformidad.
Una afirmación que fue rebatida primero por el teniente de alcalde Álvaro Gijón, que esgrimió la existencia de un informe, sin concurso y con un coste de 18.000 euros, encargado por Palau de Congressos, que avala la decisión.
Además, Gijón argumentó que la decisión de la rescisión del contrato fue del Consell de Govern presidido por Francesc Antich, "con la presencia de un conseller el PSM", refiriéndose a Gabriel Vicens.
Calvo: "Pudimos equivocarnos"
Por su parte, la exalcaldesa, Aina Calvo, tras aceptar que se pudieron equivocar a la hora de decidir la continuidad de las obras del Palacio tras la marcha de Barceló asumiendo que la financiación fuera pública en su totalidad, rechazó que la exigencia del grupo hotelero de que la Administración aportara otros 30 millones, detonante del abandono de la concesión, no estuviera justificada documentalmente.
Calvo recordó que, cuando el anterior concesionario les exigió esta cantidad alegando el encarecimiento de los costes y la introducción de una serie de cambios en el proyecto inicial, se encargaron varios informes, uno de ellos al arquitecto Francisco Mangado, que no confirmaban la pretensión del grupo hotelero. En consecuencia, su petición fue rechazada. "Y nos sentamos a negociar su salida porque en aquel momento consideramos que la paralización de las obras y la judicialización del proceso sería contraria al interés público", recordó.
También rechazó que el acuerdo no contara con informes de las administraciones y aseguró que, si bien no se encargaron a los servicios jurídicos municipales ni a la intervención municipal, sí que informaron los técnicos del Govern.
Al respecto, la exalcaldesa recordó que la promotora del complejo, Palau de Congressos S. A. es una sociedad mixta integrada a partes iguales por dos administraciones: el Govern y el Ayuntamiento de Palma.
