Un empresario de Playa de Palma fue detenido anoche en el marco de la operación Sancus que investiga la trama corrupta que afecta a la Policía Local. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha registrado al menos un hotel de la zona.

La operación Sancus -nombre del dios romano de la lealtad, la honestidad y el juramento- se deriva de la operación Casablanca, llevada a cabo en julio de 2013 contra una rama de la banda motera Ángeles del Infierno asentada en s'Arenal, acusados de extorsiones, agresiones, prostitución y narcotráfico. Entre la treintena de detenidos de aquella macrooperación había un sargento de la Guardia Civil y dos agentes de la Policía Local que presuntamente colaboraban con los delincuentes. Uno de ellos era Carlos V.P.

La colaboración iniciada entonces entre el Grupo de Atracos de la Policía Nacional y el Grupo de Información de la Guardia Civil prosiguió con los flecos derivados de la operación Casablanca. De uno de ellos se llegó al presunto amaño de los exámenes a promoción interna en la Policía Local de Palma, que le costó el cargo al anterior jefe de la Policía, Antoni Vera, y al exdirector de Seguretat Ciutadana, Enrique Calvo. Junto a ellos están imputados por la presunta filtración de las respuestas de éxamenes varios de los detenidos el lunes, y algunos de ellos precisamente ascendieron en las oposiciones bajo sospecha.

Policía Nacional y Guardia Civil siguieron tirando del hilo. A lo largo de los meses siguientes descubrieron que un grupo de policías locales, vinculados sobre todo al GAP, mantenían relaciones irregulares con empresarios de la noche de s'Arenal. Las pesquisas apuntaban a posibles extorsiones, cobro por protección y favores que podían incluir informaciones sobre posibles inspecciones en sus locales que pretendían realizar otros policías.

Durante los últimos meses, una decena de agentes, sobre todo del GAP, pero también de la Patrulla Verda, fueron citados a declarar como testigos ante la Fiscalía Anticorrupción. Varios de ellos se quejaron de que habían sido posteriormente expedientados por denuncias interpuestas por los mismos oficiales que estaban siendo investigados. La causa judicial, que está secreta, cuenta con una veintena de tomos.