­La magistrada Carmen González ha adoptado medidas cautelares para responder ante la trama policial que, a su juicio, merecer un alto reproche social por cuanto perjudica al Estado de Derecho y a la buena imagen que merece la Policía Local. La juez adoptó prisión para tres de los policías locales, eludible con el pago de una fianza. Ninguno de estos policías ha ingresado en la cárcel. Pero podrían hacerlo si hoy no pagan la fianza que ha fijado la magistrada.

Uno de ello es José Daniel M.E.. Este agente ya está implicado en el escándalo de las oposiciones amañadas. Fue quien recibió el correo con las preguntas del examen, que después entregó a tres compañeros. La magistrada cree que se dedicaba a extorsionar a varios empresarios, al tiempo que beneficiaba a otros. Los investigadores intentan establecer las causas por las que este policía, que además es interino, disfrutaba de tanta protección de los mandos policiales. Ello lo demuestra que pese a que se sabía y se había denunciado que tenía negocios particulares en la Playa de Palma, no se acordó ninguna medida cautelar ni sanción contra él. Se le ha impuesto una fianza de 30.000 euros.

La misma cantidad económica tendrá que pagar para evitar el ingreso en prisión el oficial de la Policía Local, Tomás Javier M.C.. Este funcionario de la Policía supuestamente logró su ascenso al recibir antes las preguntas de la oposición. La juez también le prohibe a que se acerque a menos de 500 metros de s´Arenal.

El otro policía al que se ha impuesto fianza es al funcionario jubilado Miguel E.S., que según se apunta en la investigación, habría coaccionado a varios empresarios para que contrataran la empresa de tapicería de su mujer. Tendrá que pagar 20.000 euros si no quiere ingresar en la cárcel, al tiempo que se le obliga a comparecer periódicamente ante el juzgado.

Contra los otros cinco policías detenidos no se acordó ninguna medida cautelar económica, pero sí de otro tipo contra algunos de ellos.

Por ejemplo, Carlos T.P., exjefe de los GAP, tendrá que entregar su arma, no podrá acercarse a la Playa de Palma, ni tampoco podrá comunicar con los tres policías que han denunciado las prácticas ilegales. La juez le acusa, entre otras cosas, del intento de provocar delitos de narcotráfico en determinados locales para perjudicarles.

Carlos V.P., el policía que ya fue implicado en el caso de los Ángeles del Infierno, únicamente tendrá que presentarse en el juzgado periódicamente. Y la misma medida se adopta contra los policías Rafael A.H. o Gumersindo C.O.

Contra los otros dos policías que también fueron detenidos la fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida.