José María Rodríguez ha declarado esta mañana ante el fiscal Pedro Horrach para aclarar sus denuncias públicas sobre presuntas actuaciones ilegales en la gestión de Cort en la pasada legislatura.
El presidente del PP de Palma ha sido citado porque la semana pasada declaró a Diario de Mallorca que "hay casos del anterior mandato que el alcalde de Palma, Mateo Isern, no ha denunciado".
Este miércoles, Rodríguez se ha limitado a decir que existe un informe de la Sindicatura de Comptes que habla de irregularidades durante la gestión de Aina Calvo.
En el informe al que se refiere Rodríguez referido al ejercicio de 2009, las conclusiones apuntan a deficiencias en materia de subvenciones y de contratación.
En su comparecencia, que ha comenzado sobre las 11.00 horas y se ha prolongado casi hasta el mediodía, Rodríguez ha explicado que cuando acusó a Isern de ocultar corruptelas del gobierno de Calvo se refería a contratos fraccionados ilegalmente para adjudicarlos sin concurso.
El líder del PP de Palma no ha querido hacer declaraciones a la salida de la sede de la Fiscalía.
Precisamente ayer la Comisión de Hacienda del Parlament aprobó, con los votos del PP, una resolución en la que se insta al gobierno de Cort a actuar ante las presuntas ilegalidades señaladas por la Sindicatura y pide a esta institución que fiscalice las cuentas y los contratos del Ayuntamiento de Palma en 2010 y 2011, últimos años de la legislatura de Calvo.
La mayoría parlamentaria sostiene que en 2009 se produjo "un incumplimiento generalizado de la ley de contratos del sector público" con "fraccionamientos generalizados".
Las críticas de Rodríguez al actual alcalde, que no repetirá como candidato por falta de respaldo de la dirección que lidera el presidente de la junta local del PP, surgieron a raíz de que se hiciera público que la Fiscalía está analizando un informe que señala actuaciones ilegales en la legislatura 1998-2003.
Entonces, con Rodríguez como teniente de alcalde de un consistorio presidido por Joan Fageda, Cort contrató la instalación de un sistema de recogida neumática de basuras que, tras muchas incidencias, se averió definitivamente en 2012.
Al producirse esta rotura, el gobierno municipal inició un proceso para reclamar daños y perjuicio a la empresa instaladora (le pide 26 millones de euros) y en la revisión de todo el procedimiento de instalación descubrió presuntas irregularidades que llevó a la Fiscalía.
