Catalina Terrassa, exteniente de alcalde de Infraestructuras y presidenta de Emaya en la recta final del mandato de Catalina Cirer y que intervino en la liquidación de las obras de la recogida neumática de basuras, manifestó que "todos los sobrecostes de la infraestructura, están plenamente justificados por los técnicos".
Recordó que se trató de una obra muy compleja, cuya instalación comenzó a realizarse coincidiendo con la ejecución del Pla Mirall Palma Centre y que, en ocasiones, "se debían realizar modificaciones urgentes del proyecto porque te encontrabas en una calle con restos arqueológicos o que la profundidad de las zanjas ponía en peligro la estabilidad de los edificios colindantes", tal como recuerda de su época de gerente del consorcio Mirall Palma Centre. Como presidenta de Emaya prefirió no comentar los pormenores de la documentación remitida por el gobierno de Mateo Isern a la fiscalía, que dijo desconocer, aunque recuerda que ella era la presidenta del consejo de administración de la empresa, órgano "que no lleva el día a día de la empresa y, por supuesto, no controla las certificaciones de obras, que dependen del director gerente y de los responsables administrativos". Manifestó no recordar si siendo presidenta autorizó al devolución de un aval de 240.000 euros a Urbaser, la empresa que realizó la obra civil de la instalación de le recogida neumática, y prefirió hacer consideraciones personales en relación a la remisión a la fiscalía, aunque manifestó "estar muy tranquila por la gestión realizada en Emaya" cuando ocupó la presidencia.
Quien también está muy tranquila por su gestión, aunque "profundamente dolida" por la actuación del alcalde, Mateo Isern, y del actual presidente de Emaya, Andreu Garau, es la también expresidenta Maria Crespo, cuando se instaló la recogida neumática. Crespo recuerda que "en Emaya hay los mismos técnicos que certificaron todo el proceso de implantación de esta instalación, que, además, ha sido fiscalizado por la Unión Europea.
