El gobierno de Mateo Isern aplicó el rodillo de su mayoría absoluta y aprobó en solitario su cuarto y último presupuesto municipal. Los partidos de la oposición del PSOE y Més habían planteado sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas, al igual que los cambios parciales propuestos, con la excepción de la incorporación de una partida de 8.000 euros para la oficina del defensor del ciudadano y otra de 10.000 euros para ayuda internacional.
El teniente de alcalde de Hacienda, Julio Martínez, destacó que se trata de unas cuentas municipales -que suman 379,5 millones-, que no incrementan la presión fiscal, puesto que el tipo del IBI se rebaja en un 6 por ciento, un punto más de lo que se prevé la subida de los valores catastrales, y se mantienen congelados el resto de impuestos y tasas municipales. Afirmó que "conscientes de la crisis, apostamos desde el primer momento por las personas que peor lo pasan, de ahí que hayamos priorizado las ayudas económicas urgentes".
Insistió asimismo en que han conseguido, además, pagar a los proveedores a los 60 días, afirmación que desmiente el ministerio de Economía que cifra los días de pago en 107 en el segundo trimestre del presente año.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Aina Calvo, denunció que con este presupuesto el alcalde, Mateo Isern, "culmina su cruzada de recortes acompañados de una mayor presión fiscal y una deuda municipal desorbitada". Denunció que, como consecuencia de la política presupuestaria llevada a cabo en estos cuatro últimos años "las desigualdades se han acentuado, muchas personas que consiguen mantener su trabajo cobran menos y sus derechos socioeconómicos están más debilitados y vivimos en una ciudad más sucia que nunca, pese al superávit previsto por Emaya".
Además, reprochó al alcalde que, al final de la legislatura, "no habrá sido capaz de solucionar el problema del Palacio de Congresos, ni ninguno de los grandes problemas que debían resolverse en este mandato: el Lluís Sitjar, Gesa, Son Busquets, Son Ximelis, Son Ametler, la Cuña Verde, la Platja de Palma y el desmantelamiento de Son Banya".
El concejal socialista Andreu Alcover propuso que se reclame al Govern los 100 millones que se adeudan de la Ley de Capitalidad y que 2 de los 7 millones que tendrá Emaya de Superávit se destinen a reforzar programas sociales.
El portavoz de Més, Antoni Verger, justificó su petición de retirada porque se trata de un presupuesto realizado de espaldas a la ciudadanía, no son participativos, ponen en riesgo la cohesión social y atentan contra los servicios básicos".
