Andreu Garau, presidente del Consejo de Administración de Emaya, aseguró ayer ante el juez que volvería a ejecutar el aval, por valor de 240.000 euros, de la empresa que construyó el sistema de recogida neumática de residuos, que ha resultado un fracaso. El concejal ha sido imputado tras la aceptación a trámite, por parte del juez Miquel Florit, de una querella por un presunto delito de apropiación indebida, que ha presentado la empresa constructora. La denuncia de Envac responde a la decisión de la empresa por la ejecución de dicho aval, decisión que se adoptó el pasado mes de julio. La constructora defiende a que este dinero se debió devolver hace ocho años, cuando la empresa recepcionó las obras. En la querella se incluye a todos los integrantes del Consejo de Administración, que fueron citados a declarar ayer por el juez.

El primero en contestar a las preguntas del magistrado fue precisamente el presidente de la empresa municipal, que consideró que esta denuncia respondía a una "burda maniobra" de la empresa Envac, en respuesta a la demanda que ha presentado el Ayuntamiento por el fracaso del proyecto de recogida neumática. Garau explicó que se ha presentado una demanda por la que se reclama una indemnización de 26 millones de euros. Explicó que el proyecto de recogida iba a tener una duración de 30 años. Sin embargo, solo han pasado diez años y ya no funciona, por lo que la empresa solicita los daños y perjuicios de este fracaso.

El concejal reconoció que no es agradable, dado el clima político que se vive en estos momentos, que un juez te impute por un delito de apropiación indebida, pero aseguró que en su caso había sido citado a declarar por defender los intereses de los ciudadanos de Palma. "Prefiero estar ante un juez como imputado que ante un tribunal popular que me cuestione que no defendí a los ciudadanos ante esta situación", señaló.

Garau se responsabilizó de la decisión de ejecutar uno de los dos avales presentados por la empresa y aprovechó la ocasión para criticar que en la anterior legislatura se devolviera a la constructora uno de estos avales. El responsable de la empresa municipal aseguró que esta decisión ni siquiera se planteó en el Consejo de Administración, por lo que sus integrantes no conocían que se había ejecutado dicho aval. Garau se mostró muy satisfecho con la decisión que había tomado.