La polémica Ruta Martiana ya ha llegado a los tribunales y lo hace por la vía penal. El propietario de un bar de sa Gerreria podría acabar en prisión si la Justicia confirma que la gestión que hizo de su local provocó ataques de ansiedad y trastornos del sueño a una vecina de la zona. El empresario está acusado de incumplir durante más de dos años la normativa de ruidos. Como consecuencia de sobrepasar los límites acústicos de forma habitual, habría causado trastornos psíquicos a la persona que vivía justo encima del bar. Tras el juicio celebrado ayer, la Fiscalía y la acusación particular piden una pena de cuatro años de cárcel, además de una multa y una indemnización.
Los hechos se remontan a los años 2009 hasta el 2013. Durante esa época, el acusado regentó un establecimiento de hostelería que estaba situado en el chaflán de las calles de la Galera y de Corderia. El local solo abría por las noches y estaba integrado en la Ruta Martiana -los martes ofrecía pinchos y cerveza con descuento-.
Según la vecina denunciante, los problemas comenzaron cuando el acusado cogió las riendas del negocio. "Se oían en toda mi casa las voces de los clientes y la música. Había ruido de arrastrar muebles. Al principio incluso dejaba el aire acondicionado en marcha toda la noche. En los últimos meses aumentó el ruido, porque puso mesas y sillas a la entrada del bar", explicó la víctima.
La mujer asegura que el dueño del bar nunca habló con ella, pese a las reiteradas quejas por el ruido. La vecina se dirigió a la Policía Local de Palma para denunciar el establecimiento. Según su relato, los agentes municipales le sancionaron por tener equipos de sonido, aunque solo tenía licencia de bar sin música. También afirma que durante un año y medio el bar funcionaba con las puertas y ventanas abiertas durante la noche, por lo que el ruido se colaba en su vivienda con mayor intensidad. "Otros inquilinos del edificio se marcharon porque no aguantaban el ruido", aseguró.
Las mediciones acústicas que realizó la Patrulla Verde corroboraron sus quejas. Los informes policiales afirman que se superaron los límites legales de ruido en todas las sonometrías que se practicaron desde la casa de la denunciante.
Incumplimientos reiterados
Cinco agentes diferentes de la Patrulla Verde testificaron ayer en el juicio y ratificaron el resultado de las mediciones. Aseguraron que se incumplieron en reiteradas ocasiones los límites de ruido establecidos en las normas estatales y en las ordenanzas municipales que estaban vigentes en aquellas fechas. En una ocasión, el umbral se superó en un 60%. Los agentes afirmaron que el ruido que provenía exclusivamente del bar -sin tener en cuenta el sonido de la calle- tenía lugar tanto en las noches de Ruta Martiana como en cualquier otra jornada de apertura.
El bar fue precintado en dos ocasiones: una por incumplir los horarios de cierre y otra por la acumulación de infracciones a la ordenanza acústica. Aparte de los ruidos, el negocio tuvo otros problemas con el Ayuntamiento hasta el punto que el responsable de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma declaró ayer en el juicio que "era de los bares más incumplidores en aquel momento".
El acusado negó la gran mayoría de las infracciones que le imputaron y aseguró que iba tomando medidas para paliar el ruido que provocaba su local así como se lo iba requiriendo el consistorio. Entre otras, el empresario afirma que instaló doble acristalamiento en su negocio, puso gomas en las patas de las mesas y sillas y contrató a un vigilante que controlaba que la puerta del local no quedase abierta y que no sacaran copas a la calle. "He estado veinte años explotando negocios y entiendo el derecho al descanso. No existía ninguna animadversión por mi parte", declaró el restaurador, que dejó el bar a mediados de 2013.
El resultado del exceso de ruido fue que la vecina denunciante sufrió crisis de ansiedad, cefaleas, trastornos del sueño y otros problemas psíquicos. Los informes médicos y forenses acreditan que le han quedado secuelas, según explicó durante la vista oral.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, se acusa al empresario de haber cometido dos infracciones penales: un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica y otro delito de lesiones por los trastornos que causó a la vecina que vivía encima del local.
El Ministerio Público le pide que pague una multa de 2.700 euros, una indemnización de 6.000 euros y un total de cuatro años de cárcel por ambos delitos. La acusación particular, que defiende a la vecina denunciante, eleva la solicitud de indemnización a 12.000 euros. También solicitan que se le prohíba regentar un local de ocio durante dos años. Tras la sesión celebrada ayer, el juicio quedó visto para sentencia.
