Podrán decir que se trataba de una reunión técnica, que no tenía interés público, pero lo cierto es que los 110 millones de euros que se va a engullir el Palacio de Congresos son bien públicos. Somos nosotros, el público, quienes deberíamos decidir si lo que se trata en esta reunión es de interés o no, y los políticos, representantes y administradores de esta obra millonaria tienen que estar dispuestos a rendir cuentas siempre. Y si no, que dimitan, que manejen su propio dinero, y nadie les preguntará por ello.
Ayer sabían todos ellos, empezando por el teniente de alcalde de Infraestructuras, Andreu Garau, y el de Turismo, Álvaro Gijón, que una periodista llevaba toda la mañana en la recepción de Emaya esperando a que terminara la reunión para recabar alguna información sobre lo tratado. Podrían haberla atendido en cinco minutos, pero se escaparon de tapadillo, por la puerta de atrás, como si tuvieran algo que esconder. Pues más les vale irse acostumbrando, porque somos gente paciente y tozuda, sobre todo a la hora de averiguar en qué se gastan nuestro dinero.
