La plataforma Platja de Palma-Llucmajor, que agrupa a vecinos y comerciantes de la zona costera, denuncia que la práctica del botellón se está trasladando hacia s´Arenal de Llucmajor desde que entró en vigor la ordenanza cívica. Los vecinos también critican la falta de efectividad de la nueva normativa en la zona de Palma. Pese a las actuaciones policiales puntuales para requisar las botellas de cristal sobre la arena, en los últimos días no han cesado las concentraciones para beber alcohol en la playa o sobre el paseo de la primera línea.
Numerosas imágenes circulan en las redes sociales para denunciar los efectos del botellón sobre las costas, tanto en la zona de Palma como en la de Llucmajor. Amanecen llenas de basura. Bolsas, botellas de plástico o vidrio, pajitas y cubos son residuos omnipresentes sobre la arena a la hora de la salida del sol.
Hacia las 7 de la mañana las brigadas de limpieza se afanan a dejar la playa impoluta, tras los botellones que -según denuncia el vecindario- cada vez son más masivos en la playa llucmajorera, es decir, desde el torrente de los Jueus hasta el Caló de Sant Antoni.
Mientras tanto, la indignación de los vecinos va en aumento, ante el hecho de que la ordenanza cívica del Ayuntamiento de Palma no pone fin al botellón, sino que únicamente traslada el problema al municipio vecino.
Críticas de la oposición
La coalición econacionalista Més per Palma denunció ayer que las últimas operaciones contra el botellón o la prostitución en la Platja de Palma se podían haber llevado a cabo con anterioridad a la nueva ordenanza porque había otras normas que lo sancionaban.
"Las únicas novedades introducidas por la ordenanza de incivismo [así la llaman desde Més] son la confusión y arbitrariedad en su aplicación. Desde su aprobación, el PP ha dado muchas fechas, plazos y zonas de aplicación que solo han servido para desorientar a la ciudadanía y los agentes de la Policía Local", aseguró la regidora econacionalista, Neus Truyol.
La edil de Més instó al equipo de gobierno del PP a derogar la ordenanza de civismo cuanto antes. "Si no la retiran ellos, dentro de un año la retiraremos nosotros", afirmó Truyol, dando por hecho que ganaran las próximas elecciones municipales de 2015. Por último, la concejala opinó que la normativa de civismo de Cort "es una ordenanza represora y su aplicación empieza de la forma más errática posible, con improvisación y con un protagonismo total de la policía".
