Las instalaciones del antiguo centro penitenciario situado en la carretera de Sóller ya son de propiedad municipal, aunque el Ayuntamiento no sabe qué hacer con ellas ni con el solar que ocupa. El teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, reconoció ayer que el equipo de gobierno baraja dos posibilidades: La primera, que se destine al uso previsto en el Plan General, lo que supondría el derribo de los actuales edificios para levantar en el solar resultante 100 viviendas de protección oficial.
No obstante, según Valls, también cabe la posibilidad de cambiar el uso con el fin de que las actuales instalaciones puedan albergar actuaciones propuestas por la iniciativa privada, como la anunciada al principo del actual mandato por una compañía de capital alemán, interesada en convertir la antigua cárcel en un museo de coches de alta gama, con usos complementarios como el de restauración, de ocio o el hotelero.
En cualquier caso, según el responsable de Urbanismo de Cort, el equipo de gobierno está abierto a recibir más ofertas de otras empresas. Sea cual sea la decisión final, la adjudicación deberá realizarse mediante la convocatoria de un concurso con un precio de salida de un mínimo de 3,8 millones, que es la cifra por la que se han valorado estas instalaciones por parte del ministerio del Interior para su permuta con el Ayuntamiento.
Valls informó de que el pasado viernes se procedió a la firma con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) de la escritura pública de permuta de la antigua prisión a cambio de las dos parcelas situadas en el polígono de servicios de Llevant, en los que se levanta la unidad de madres y el centro de tercer grado.
Según el acuerdo, además de estos dos solares, el Ayuntamiento abonará 186.000 euros en cuatro anualidades a partir del próximo año, en lugar de los 1,7 millones estimados en un principio. Para Valls, se trata de "un muy buen acuerdo, que supone un ahorro de 1,5 millones para el municipio y que, además, demuestra las excelentes relaciones que hay ahora mismo entre las dos administraciones".
El presidente del SIEP, Andreu Roca, subrayó que la firma de la permuta "resuelve definitivamente la situación, con un acuerdo bueno para las dos partes".
