Cristina Amunategui quiere que su balcón se quede como está. Esta vecina del edificio Pelícano del barrio de Sant Agustí, que se hizo famosa el mes pasado por atarse al balcón de casa, asegura que seguirá pleiteando en los tribunales para evitar que sustituyan la barandilla de su terraza.
Los balcones del bloque de viviendas están compuestos por unos barrotes metálicos de sección circular y formas curvas y están pintados de un característico color azul marino. "Es un estilo de balcón muy mediterráneo, como los que hay en Grecia o Italia. El arquitecto que diseñó estas viviendas quiso dar esa singularidad a los balcones y ahora se la quieren cargar", dice Amunategui.
Desde su terraza tiene unas vistas privilegiadas de la bahía de Palma. La playa de Cala Major, el palacio de Marivent o la escollera de Calanova son algunos de los enclaves que contempla la vecina sin salir de su vivienda, que está en la zona de servitud del dominio público marítimo-terrestre, es decir, que tiene una protección legal especial. De hecho, para hacer obras hace falta el permiso del departamento de Urbanismo del Consell de Mallorca, del ayuntamiento de Palma y de la Demarcación de Costas en Balears.
Según explica Amunategui, la comunidad de propietarios y la administradora de la finca han querido saltarse esos cauces legales "a sabiendas, porque saben que sin hacen trampas no les habrían dado permiso" para cometer lo que ella califica de "ilegalidad urbanística gravísima".
No se volverá a atar
De los 120 balcones azules que había en el edificio Pelícano solo quedan dos a día de hoy. Uno es el de Amunategui y el otro es de Emilia Veira, otra vecina que también se resiste a cambiarlo.
Cuando las mujeres se ataron a los balcones de sus casas a principios de marzo, los obreros querían entrar a cambiar los hierros azules por orden de la comunidad de propietarios. Ellas se negaron, opusieron resistencia y llamaron a la policía para que comprobara que "no había licencia para sustituir el balcón, sino solo para repararlo".
Amunategui asegura que no volvería a atarse al balcón, pero, si les volvieran a enviar a los paletas, llamaría de nuevo a la patrulla verde de la Policía Local de Palma "para que se demuestre que no hay licencia para esas obras".
Aunque ya lleva un lustro entre denuncias y juicios, Amunategui lo tiene claro: "No cambiarán la barandilla de mi casa salvo que lo hagan a la fuerza. No voy a parar hasta demostrar que han hecho las cosas mal y lo denunciaré ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo si hace falta".