No se ataron al balcón de sus viviendas porque las fuesen a desahuciar, sino porque ayer se tenían que iniciar unas obras en sus propias terrazas que consideran ilegales. Emilia Veira y Cristina Amunategui son las dos únicas vecinas de la finca cuyos pisos tienen las barandillas de los balcones de color azul. Las del resto de los 120 propietarios han sido sustituidas, pero no todos están de acuerdo. El conflicto en la comunidad de vecinos de una finca en la primera línea de Cala Major llegó ayer a tal extremo que tuvo que intervenir la Policía Nacional y la Local. Los obreros se marcharon obligados, poco después de llegar a las ocho de la mañana, aunque los andamios continúan colocados.
Por una parte, está el problema de la licencia de obras, que las afectadas aseguran que es ilegal, porque "es una obra mayor y el consistorio palmesano sólo ha otorgado una licencia de obra menor, solicitada para pintar la fachada", tal como como destacan las denunciantes. La unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local se personó y exigió la necesaria documentación. "En principio, tienen los permisos pertinentes", según informaron fuentes del Ayuntamiento.
Por otra parte, denuncian que las barandillas no cumplen con el código técnico de la edificación, por lo que son peligrosas, fáciles de escalar y, por tanto, allanan la tarea a los posibles ladrones. Otra supuesta ilegalidad, según las acusaciones de Emilia y Cristina, es que dichas obras carecen del correspondiente documento de responsabilidad civil. Acudieron a los tribunales y una sentencia del año pasado condena a las dos demandantes a "proceder a la reparación de las barandillas", fallo que han recurrido.
"Votos cautivos"
"No tenemos que sustituirlas, sólo arreglarlas, y ya lo hemos hecho", argumentaba Cristina Amunategui a los agentes de la Policía Nacional. El revuelo que se formó a primera hora de la mañana en el edificio Pelícano, en la calle Nicolau Alemany, fue en aumento y algunos vecinos se acercaron hasta el piso de Emilia para darle su apoyo, como por ejemplo José María Escuder, quien lamentó que "la gestión de la finca está en manos de una mafia, donde el presidente tiene votos cautivos de extranjeros que no viven aquí todo el año". Este residente tiene una barandilla nueva en su balcón, "porque la cambiaron con nocturnidad y alevosía. Yo estaba en un juicio contra ellos y aprovecharon para hacer la sustitución". La dueña, tras desatarse de su barandilla, comparó la situación que sufren desde hace años con "un atraco a mano armada por parte del constructor y la administración", según sus palabras. En parecidos términos se expresaba otra de las vecinas, Cati Ramis: "No sé cómo no les da vergüenza con tanta corrupción. Llevo 30 años aquí, soy la más antigua de la finca y también me cambiaron el balcón a pesar de mi oposición, pero no quería meterme en líos".
Un representante oficial de la administración de la finca indicó tras el incidente de ayer que la sustitución de las barandillas, que "son completamente legales y diseñadas por un arquitecto", fue aprobada por la comunidad de vecinos por unanimidad y, tras un cambio de modelo, la aprobación se efectuó por mayoría absoluta. "En cuanto a la licencia, sólo se necesita una de obra menor", tal como detalló. Aseguró que llevan muchos años con este problema y que "el resto de los vecinos está cansado de las continuas trabas que ponen estas señoras", según sus palabras.
Pese a la tranquilidad que se respira desde los balcones que casi cuelgan sobre el mar, con unas espectaculares vistas de la Bahía de Palma, la comunidad de vecinos del edificio Pelícano de Cala Major seguirá en conflicto, debido a que la administración ha interpuesto una demanda contra Cristina Amunategui y Emilia Veira "por desacato a la autoridad". Además, ha solicitado al juez que autorice que haya presencia policial para que los obreros puedan sustituir las dos polémicas barandillas.
