Si el ayuntamiento de Palma se dedicara exclusivamente a gestionar y prestar los servicios que como administración local le corresponden por ley dispondría cada año de 100 millones más. Ahora destina estos recursos a servicios cuya competencia es del Estado, de la Comunitat Autònoma o del Consell de Mallorca.

El teniente de alcalde de Hacienda y portavoz municipal, Julio Martínez, calcula que el coste de las denominadas competencias impropias -aquellas que no le corresponden, pero que el Ayuntamiento presta a sus vecinos- alcanza "entre un 28 y un 33 por ciento del presupuesto municipal", porcentaje que aplicado a los 364 millones correspondientes a 2013 suponen una horquilla situada entre los 102 y 120 millones anuales.

Martínez reconoce que este cálculo se hizo durante el mandato de Catalina Cirer en el ayuntamiento de Palma (2003-2007), en el marco de la reivindicación generalizada de las administraciones locales al Gobierno central reclamando una mejor financiación de los ayuntamientos.

"Habrá que ajustar estas cifras a la situación actual -reconoció Martínez-, aunque no variarán sustancialmente", en relación a lo estipulado en el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuyo borrador fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Este texto pretende eliminar las duplicidades existentes actualmente entre las distintas administraciones y determinar cuáles son las competencias de los ayuntamientos en función de su población que deberán necesariamente atender por sí o asociados. Las demás, denominadas en la jerga administrativa competencias impropias, deberán ser asumidas por la administración que en cada caso le corresponda: el Estado, el Govern o el Consell.

Según Martínez, el actual ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en una de las reuniones previas a la elaboración del borrador de la ley afirmó que el actual modelo de financiación municipal es suficiente para que los municipios atiendan sus competencias.

A falta de un estudio más detallado de las funciones que fija el borrador para municipios de más de 50.000 habitantes, si la normativa se aprueba tal como está redactada en estos momentos, Cort debería dejar de gestionar una serie de competencias.

Entre ellas, por ejemplo, por lo que respecta a Urbanismo, las relativas a la promoción y gestión de viviendas y la intermediación en el mercado de alquiler. En Servicios Sociales debería mantener la atención primaria, aunque abandonar la gestión de las ayudas a domicilio, los centros de día para mayores y la atención a inmigrantes, entre otras. Tampoco serían de competencia municipal buena parte de los programas de promoción y formación de Palma Activa.

En Educación y Cultura deberían dejar de gestionar las escoletes, las ayudas a los libros de texto y las actividades culturales. En el ámbito de la Salud Pública la competencia municipal se centra en el control sanitario y la prevención. Curiosamente, la promoción turística continúa en manos de los ayuntamientos, según el borrador.