La junta sectorial de jueces de Primera Instancia y Mercantil de Palma ha decidido solicitar a los secretarios judiciales que suspendan los procedimientos de desahucio durante un mes, tras la aprobación del Decreto Ley del Gobierno que establece una moratoria de dos años para algunos casos.
El motivo de esta decisión, adoptada el viernes, es la voluntad de los jueces de Palma de que los ciudadanos puedan estar informados del contenido del decreto y cursar la solicitud en caso de que puedan acogerse a los supuestos que establece, según ha explicado hoy el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, en declaraciones a los medios de comunicación.
"Nos podíamos encontrar con la circunstancia de que un ciudadano que pudiera tener derecho y tuviera el señalamiento del lanzamiento fijado para esta semana, se pudiera encontrar en la calle y que al cabo de dos o tres días se resolviera su solicitud de suspensión, lo cual sería una contradicción esencial", ha detallado Martínez Espinosa.
El juez decano ha añadido que los secretarios cumplirán la solicitud y, además, intentarán informar directamente a las personas que estaban pendientes un lanzamiento de su vivienda para valorar individualmente si se dan los requisitos para acogerse al decreto gubernamental y si se da el caso, suspender el desahucio y que el afectado pueda cursar la solicitud correspondiente.
La intención es dar un cierto margen a los ciudadanos y "evitar que por la premura de la entrada en vigor del decreto Ley alguno se encontrara con el lanzamiento antes de que pudiera cursar la solicitud", ha insistido.
El juez decano de Palma espera que tras el Decreto Ley que entró en vigor del viernes "que atiende a una cuestión puntual", se lleve a cabo "una reforma de calado de la Ley Hipotecaria". "No tiene mucho sentido esta medida aislada si no viene seguida de otras muchas medidas", ha señalado.
Martínez Espinosa ha afirmado además que el decreto plantea algunas dudas y ha puesto como ejemplo que con esta moratoria, se suspende el lanzamiento (desahucio) pero no la ejecución hipotecaria, de manera que si mientras tanto el afectado está residiendo en la vivienda, "se supone que están corriendo los intereses moratorios"; y si es así, "al cabo de unos años se podría estar hablando de unos intereses demenciales".
El juez decano de Palma entiende que la finalidad del Decreto Ley es "no perjudicar a los casos de necesidad extrema, pero no se explica sin una ulterior y más sosegada reforma de cierto calado de la ejecución hipotecaria".
Los procedimientos de ejecución hipotecaria se han incrementado un 36 % en Baleares en el último año. En concreto, entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2011 ingresaron 859 procedimientos de ejecución hipotecaria en los juzgados de Primera Instrucción de las Islas, y en el mismo período de 2012 se han registrado 1.169, si bien no todos ellos finalizan en desahucio.
