Un grupo de trabajadores de Palma Habitada, la empresa concesionaria de la gestión del servicio de intermediación de alquileres de pisos a bajo coste, ha manifestado su malestar por las declaraciones realizadas por el teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, anunciando la municipalización del servicio y que éste, cuando en diciembre acabe el contrato, no se licitará de nuevo. Indican asimismo que no es cierto que se puedan encontrar viviendas dignas en Palma por 270 o 350 euros de alquiler, como asegurño el teniente de alcalde Jesús Valls.

Los trabajadores afirman que las modificaciones anunciadas en el programa por Valls supondrán que los usuarios tendrán que pagar por un servicio que ahora era gratuito. Aseguran que en el trimestre de abril a junio se han firmado 70 contratos de alquiler, alojando a un total de 176 personas en viviendas dignas. Se abrieron 216 solicitudes de personas que necesitaban vivienda y se visitaron 170 pisos de propietarios que se interesaron por alquilar sus casas mediante el programa. De esta forma, afirman que en estos momentos hay unas 840 viviendas alquiladas, más todas las que están dentro de la bolsa esperando inquilinos. Estos trabajos han expresado además su "indignación" por la presentación por parte de la concejalía de su despido como si fuera un logro o una medalla y se preguntan: "Qué hay de bueno en mandar a 11 familias a la cora del Inem?". También están molestos por la forma en la que se ha anunciado la recuperación de la gestión del servicio por parte del Ayuntamiento, puesto que, afirman, "nos enteramos de las intenciones de la concejalía por la prensa". Y se preguntan: "¿No podían dedicarnos cinco minutos de su tiempo para decirnos que nos quedábamos sin trabajo?".

Pese a lo anterior, aseguran que "lo peor de todo es que están mintiendo para justificar lo que únicamente debería ser expuesto con la verdad". Afirman que el servicio no cuesta 500.000 euros anuales, como se indicó, aunque en un principio se realizó la licitación por 970.164 euros por dos años, luego se adjudico por 600.000 euros, lo que supone un gasto de 300.000 euros anuales.