­La junta de gobierno de Cort celebrada ayer aprobó solicitar al Gobierno central una compensación económica de 624.000 euros equivalente a la cantidad que el ayuntamiento de Palma ha dejado de ingresar en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a cincuenta colegios privados concertados existentes en la ciudad.

La solicitud se produce cuando está a punto de finalizar el período voluntario del cobro del IBI, el IAE, las Plusvalías y los vados permanentes. Los colegios privados sostenidos con fondos públicos que lo soliciten están exonerados el pago de las correspondientes cuotas del IBI. Se trata de una norma estatal, que debe ser solicitada anualmente por los titulares de los centros.

El Ayuntamiento comprueba que los colegios que lo han solicitado cumplen con la exención y se les autoriza que no paguen el impuesto. Con posterioridad, el Ayuntamiento debe solicitar al Gobierno central el ingreso de la cantidad que los centros han dejado de pagar en concepto de contribución urbana.

Hasta el momento, según el teniente de alcalde de Hacienda y portavoz municipal, Julio Martínez, el Estado ha cumplido con su compromiso de ingresar el equivalente que han dejado de pagar los colegios concertados a las arcas municipales, por lo que, en principio, no hay ningún motivo para suponer que en esta ocasión no ocurrirá lo mismo.

Tipo diferenciado

Se trata de una cantidad importante, ya que supera los 600.000 euros. En esta ocasión varios de los colegios afectados tendrían que afrontar una cuota del IBI al tipo más alto, porque se incluyen dentro del grupo del 10 por ciento de los inmuebles no residenciales de mayor valor, cuya cuota del IBI esta año ha subido un 22 por ciento en lugar del 16 por ciento del resto de los recibos.

De los cincuenta colegios exonerados del pago de la contribución urbana, La Salle, Santa Mónica, el Cide y San José Obrero, entre otros, se incluyen dentro de los inmuebles cuyo IBI está gravado este año con un 22 por ciento de subida ya que, por lo general, se trata de edificaciones con un elevado valor catastral.

En concreto, las instalaciones que el colegio de La Salle tiene en Son Rapinya deberían pagar un IBI de 138.000 euros. El recibo del colegio de Madre Alberta suma 69.000 euros, mientras que el del Cide alcanza los 46.000 euros.

Los distintos centros adscritos al colegio San José Obrero deberían pagar en concepto de contribución urbana 22.000 euros. El recibo de Santa Mónica alcanza los 16.000 euros, el del colegio antiguo de Montesión es de 9.500, mientras que el nuevo supera los 40.000. El centro de la Purísima debería pagar en concepto de IBI 19.000 euros, Pero Poveda 7.257 y La Pureza 3.900 euros.

Los centros escolares públicos no están sujetos tampoco al pago del IBI, en cambio sí deben abonar los correspondientes recibos de este impuesto los colegios privados no sostenidos con fondos públicos.

También están exentos del pago del IBI los bienes de la iglesia católica que se destinan al culto, debido a lo estipulado en la denominada Ley del Mecenazgo. En cambio, sí deben pagar la contribución los inmuebles de la iglesia y demás confesiones religiosas no destinados al culto.