El equipo de gobierno del ayuntamiento de Palma apoya modificar la legislación actual con el fin de evitar la ejecución de desahucios indiscriminados que afecten a aquellas familias sin recursos cuya situación se haya producido por causa sobrevenida debido a la crisis o a circunstancias personales o familiares ajenas a su voluntad.
El alcalde, Mateo Isern, ya se había pronunciado en varias ocasiones a favor del cambio legislativo, aunque a la hora de la verdad, en el pasado pleno municipal, el equipo de gobierno votó en contra de una proposición presentada por el grupo municipal socialista en la que se instaba al Gobierno central a impulsar la citada reforma, además de modificar el Real Decreto 6/2012 con el fin de ampliar los beneficiarios de las medidas contempladas en el mismo, relativas a la reestructuración de la deuda hipotecaria, la quita del capital pendiente de amortización o la dación del piso en pago como último recurso.
Hace un mes, el equipo de gobierno alegó que esta cuestión no incumbía al Ayuntamiento por lo que votó en contra. No obstante, ayer, después de que tanto PP como PSOE a nivel estatal hayan manifestado su voluntad de modificar la norma, ahora el alcalde, Mateo Isern, considera dicho cambio "como una medida necesaria" en la situación actual.
En el mismo sentido se pronunció ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, tras manifestar que "los contratos están para cumplirse". El concejal estuvo de acuerdo con la modificación de la actual ley hipotecaria con el fin de dar una salida digna a aquellas familias que se encuentran en la situación de perder su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca debido a una situación sobrevenida y siempre que hayan actuado de buena fe. Para Valls es una situación preocupante, aunque explicó que, de momento, a su juicio los recursos municipales han podido hacer frente a esta situación a través de la actuación del área de Servicio Sociales y del Patronat Municipal de la Vivienda. "Que yo sepa no hay nadie que viva en la calle en Palma" de forma involuntaria, manifestó Valls, afirmando al mismo tiempo que para paliar esta situación Cort cuenta con las 354 casas del Patronat Municipal de la Vivienda, que se alquilan a bajo coste en función de los recursos de cada familia. En el caso de que no dispongan de viviendas, se deriva al IBAVI, que depende del Govern. El Ayuntamiento también media entre la entidad bancaria y el afectado.
