Aina Calvo explicó ayer al juez que, pese a las sospechas sobre su gestión, no pudo destituir en su cargo de gerente de la empresa municipal de aguas y basuras de Palma (Emaya) a Malén Tortella porque el partido socialista carecía de mayoría en el consejo de dicha sociedad. Calvo y el exedil de Hacienda, Andreu Alcover, testificaron ante el magistrado Pedro Barceló y el fiscal Pedro Horrach sobre su denuncia.

La exalcaldesa socialista en la pasada legislatura, que gobernó con el apoyo del Bloc y de Unió Mallorquina (UM), señaló que, visto lo visto, volvería a presentar la denuncia. Calvo y Alcover denunciaron primero ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que los contenedores soterrados suministrados por un proveedor, que alegaba tener exclusividad de ese modelo en Balears, costaban al Ayuntamiento o a contratistas municipales mucho más caros. Los contenedores se instalaron en varios puntos de la ciudad con obras sufragadas por el llamado Plan E. Fue una contrata la que alertó del sobreprecio.

Chacártegui, el culpable

Según la exalcaldesa, se abrió una investigación interna en Emaya para averiguar las causas de aquel sobreprecio. "Todos apuntaron a Germán Chacártegui (director del área de Medio Ambiente de Emaya e imputado arrepentido) como el responsable de aquel desfase", vino a decir Calvo. Como nadie dio explicaciones satisfactorias, Calvo y Alcover optaron por denunciar ante la fiscalía.

La testigo fue interrogada sobre la manera de contratar del Ayuntamiento y la de Emaya, que en la pasada legislatura funcionó como una especie de reino de taifas de UM. Calvo explicó que los protocolos de contratación eran diferentes en el consistorio y en la empresa municipal.

Respecto al alcance del presunto desvío de fondos públicos, Aina Calvo calculó que los contenedores eran más de doscientos y que el Ayuntamiento pagó un sobreprecio de entre cuatro mil y seis mil euros por unidad. Los recipientes subterráneos valían unos doce mil euros cada uno.

"Al principio pensamos que el precio más elevado era por una cuestión de insularidad, por el hecho de tener que transportar los contenedores hasta Mallorca, pero luego supimos que contenedores iguales instalados en Formentera habían costado mucho menos".

Las sospechas de los socialistas en Cort se extendieron después a los ediles, asesores y cargos de confianza de UM en Emaya y en otras áreas. Todos, menos la gerente Malén Tortella, fueron apartados de sus cargos por el equipo de gobierno. Tortella siguió hasta bien entrado 2010.