El ayuntamiento de Palma exigirá a Iberdrola, propietaria de la finca de Son Gofis, la cesión del 20 por ciento de la superficie que pasará a ser urbanizable y con la posibilidad de construir 352 viviendas, con el fin de levantar el nuevo instituto previsto en la barriada de Son Ferriol.

El acuerdo, alcanzado a propuesta del grupo municipal socialista, no consiguió, sin embargo, que el Ayuntamiento dejara sin efecto la modificación del Plan General que posibilitaría la obtención de estos terrenos por el sistema de la expropiación o mediante la permuta de edificabilidad en otra zona urbanizable propiedad de la misma empresa.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, insistió en que el Ayuntamiento debía dejar sin efecto la modificación del Plan General porque una sentencia reconoce el derecho que tiene Iberdrola a que parte de la finca de Son Gofis sea declarada como Reserva Estratégica de Suelo, en aplicación de la denominada ley Carbonero y con la posibilidad de construir 352 viviendas de protección oficial.

La exresponsable de Urbanismo y concejala del PSOE, Yolanda Garví, al igual que el portavoz del grupo municipal del PSM-IV-ExM, Antoni Verger, insitieron en que la sentencia no obliga a paralizar la modificación del Plan Gerneral. Garví afirmó asimismo que ahora "es el Ayuntamiento quien tiene la iniciativa, puesto que para el desarrollo de la Reserva Estratégica de Suelo debe emitir un informe vinculante sobre su idoneidad y conveniencia".

Por su parte, Verger puso en duda que se pudiera obtener el solar para el nuevo instituto de forma inmediata si se deja a la iniciativa al desarrollo de la urbanización, puesto que en estos momentos "nadie va a invertir para construir 352 viviendas". Los grupos de la oposición criticaron asimismo "el chantaje" del equipo de gobierno cuando insiste en que para la obtención del solar es imprescincible autorizar un incremento de población en Son Ferriol de mil personas.

En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los grupos municipales, incluido el equipo de gobierno, es en la innecesariedad de la construcción de las 352 viviendas autorizadas en Son Ferriol y en que la denominada Ley Carbonero "es totalmente prescindible". De hecho, según Valls, "no se ha hecho ninguna vivienda de las previstas en las reservas estratégicas", aunque insistió en los derechos adquiridos por los promotores.