El alcalde de Palma, Mateo Isern, y el concejal de Seguridad, Guillermo Navarro, deberían explicar al ciudadano qué modelo de Policía Local persiguen y qué va a costar esa reforma que están llevando a cabo, con una constante creación de nuevas unidades policiales con funciones diferenciadas y más medios, desde uniformes a perros adiestrados. En definitiva, deberían aclarar cuál es el objetivo, el coste y los resultados alcanzados hasta ahora. Y hacerlo con rigor y transparencia. La seguridad es garantía de derechos y requisito básico de la vida en libertad. Y en una ciudad turística, como dijo el propio Isern en la campaña electoral que lo convirtió en el alcalde más votado, una necesidad indispensable para el desarrollo de esa industria. Sin embargo, Cort, como el resto de administraciones públicas, vive un tiempo de recortes en todas las áreas municipales, en los servicios que presta a la ciudadanía. El palmesano paga hoy más por menos, mientras las garantías públicas para los más desfavorecidos se encuentran en claro retroceso. Por eso, la optimización de recursos que se pretendía aplicar en un principio en la Policía Local, de plantilla y medios, no debería llevar a una duplicidad de funciones con otros cuerpos de seguridad que también actúan en la ciudad, tienen unas tareas muy definidas y sobre todo una preparación mucho mayor para llevarlas a cabo. No es el mejor momento de pagar dos veces por lo mismo.