23 de noviembre de 2011
23.11.2011

El juez exculpa a Marina Sans del caso de la funeraria

El auto reconoce que no se ha demostrado que la exconcejal no abonara sus viajes particulares

24.09.2011 | 08:30
­Marina Sans, la exconcejal de Palma y antigua presidenta de la funeraria municipal, no será finalmente juzgada por malversación en la gestión de esta empresa pública. El juez Manuel Penalva, titular del juzgado de instrucción número 11 de Palma, dictó ayer un auto por el que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones iniciadas contra Marina Sans, quien fue investigada por cargar gastos privados en la empresa municipal. El juez responde con este auto al escrito presentado por el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, que pidió el archivo de las diligencias contra Sans al entender que no se había demostrado que hubiera cometido delito alguno.
La exconcejal popular, defendida por el abogado Rafael Perera, fue citada por el juez después de que el ayuntamiento de Palma hubiera averiguado que la funeraria pagó viajes particulares de Marina Sans y de varios de sus familiares. La factura de estos desplazamientos en avión alcanzaba los casi 7.000 euros. Sans ha mantenido que ella encargaba a su secretaria que le gestionara la compra de los billetes de avión, la factura se cargaba en la empresa municipal pero ella después devolvía el dinero. Afirmó que este pago lo realizó en mano al que fuera gerente de la empresa, Óscar Collado, quien está implicado en un caso de corrupción. Sin embargo, reconoció que no podía demostrar que hubiera entregado el dinero, porque el gerente no le entregó ningún justificante. Al saltar el escándalo sobre el pago de estos billetes, Sans ingresó casi 7.000 euros en la cuenta bancaria municipal.
El fiscal se basaba en la declaración de varios testigos, entre ellos el actual teniente de alcalde de Palma, Álvaro Gijón, que afirmaron que, efectivamente, Sans abonó el dinero y se lo entregó en mano a Óscar Collado, pero se ha comprobado que no anotó estos pagos .
También el fiscal sostenía que no se había demostrado que las facturas de restaurante que había pagado la empresa municipal, por valor de unos 50.000 euros, fueran gastos particulares de Marina Sans, ni tampoco que la concejal hubiera participado en las irregularidades en las compras de materiales.
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