Han pasado por sus manos todas las cuentas del ayuntamiento de Palma desde los años ochenta, en la etapa del alcalde Ramon Aguiló. Ha sido el encargado de dar la autorización de los presupuestos presentados por los diferentes equipos de gobierno controlando si los ingresos y gastos se ajustan a la normativa. Define la situación actual de Cort como "complicada", porque los ingresos no permiten cubrir la deuda por lo que, en su opinión, sólo quedan dos soluciones: incrementar los impuestos y recortar gastos. Para Sebastià Crespí es difícil detectar la corrupción generada con el uso indebido del dinero público ya que sobre el papel se justifican como gastos aparentemente legales.

—Después de haber pasado toda su vida profesional entre los números y las cuentas de Cort. ¿Quería jubilarse?

—Me he jubilado a los 69 años, antes de la edad que me toca por ser funcionario, que es a los 70 años. Después de cuarenta en este oficio tenía ganas de continuar, pero resido en sa Pobla y todos los días conducía para trasladarme a Palma. Pensé que el mejor momento para retirarme era en invierno y dedicarme a sembrar y cuidar los naranjos de mi finca y a la lectura.

—Su llegada al Ayuntamiento en 1982 coincide con la etapa del alcalde Ramon Aguiló. ¿Por qué eligió el ayuntamiento de Palma?

—Pertenezco a la promoción de 1966 y mi primer destino fue Muro. Después pasé por Santa Margalida y Manacor. Me presenté al concurso del Ministerio para optar a Palma porque nunca quise trasladarme a la península. Mi máxima aspiración era quedarme en la isla.

—¿En sus cerca de treinta años en Cort cree que el problema del exceso de burocracia tiene solución?

—Hemos mejorado bastante desde los años sesenta, ya que en aquella época el Gobierno Civil fiscalizaba todos los gastos y resultaba más complicado. Ahora la gestión de los presupuestos es más fácil y rápida porque los ayuntamientos están sometidos a las haciendas locales.

—¿Cuál ha sido su función como interventor?

—Me he encargado de fiscalizar, es decir, controlar que los ingresos y gastos recogidos en el presupuesto del consistorio y todos sus organismos autónomos públicos (fundaciones, patronatos o consorcios) se adaptan a la norma que lo regula. Después debemos entregarlos al Tribunal de Cuentas, que hace el control externo de todos los ayuntamientos.

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