El pleno del ayuntamiento de Palma, con los votos de los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular, aprobó ayer iniciar "la tramitación y las negociaciones con el Consell Insular y el Govern Balear con el fin de recuperar las competencias urbanísticas reguladas en la Ley de Capitalidad antes de su modificación".
Con esta decisión, que no fue apoyada por los grupos municipales de la oposición (PSOE y PSM-IV-ExM) el gobierno municipal de Mateo Isern pretende poder aprobar definitivamente tanto el Plan General de Ordenación Urbana de Palma como sus modificaciones en lugar de que este último trámite continúe como hasta ahora en manos del Consell de Mallorca.
El concejal socialista y exteniente de alcalde de Hacienda, Andreu Alcover, manifestó su disconformidad con la medida, por cuanto, a su entender, "es bueno que las decisiones urbanísticas de este calado estén supervisadas por una Administración de ámbito superior". En otro momento, argumentó que esta supervisión puede ser muy útil porque "quién nos garantiza que dentro de diez años no tengamos a un concejal de Urbanismo corrupto", se preguntó.
El anterior argumento fue rápidamente rebatido por el teniente de alcalde y portavoz municipal, Julio Martínez, quien recordó que el hecho de que tanto el planeamiento urbanístico como sus modificaciones puntuales sean aprobadas por el Consell de Mallorca "no ha evitado casos de corrupción en esta institución" y recordó la venta de Can Domenge.
En declaraciones posteriores, el concejal de Urbanismo, Jesús Valls, manifestó que, si bien la "recuperación" de estas competencias deberá ser aprobada por el Parlament modificando nuevamente la Ley de Capitalidad con el fin de innuevamente los dos artículos que fueron suprimidos en la anterior legislatura, ya se han tenido los primeros contactos con los responsables de Urbanismo tando del Consell como del Govern. A su juicio, la supervisión de la Administración supramunicipal queda garantizada puesto que el Consell debe emitir un informe antes de la aprobación del Plan General o de las modificaciones puntuales del planeamiento.
La asunción de estas competencias, que la Ley de Capitalidad aprobada en 2006 contemplaba y que luego se suprimieron, significa "que el Ayuntamiento deja de considerarse como el hermano menor y se le reconoce la capacidad técnica y jurídica de sus funcionarios", según Valls. Asimismo, auguró que el ejercicio de estas competencias va a agilizar "enormemente" la aprobación tanto del Plan General como de sus posteriores modificaciones.
De hecho, el concejal confía en que el nuevo planeamiento urbanístico, cuya tramitación ha comenzado a dar sus primeros pasos con la creación de la oficina de la revisión, ya pueda ser aprobado definitivamente por el pleno del ayuntamiento de Palma en lugar de por el del Consell de Mallorca.
La Ley de Capitalidad, tal como estaba redactada antes de la supresión de los dos artículos que hacen referencia a las competencias urbanísticas por parte de Cort, consideraba al pleno del Ayuntamiento de Palma como órgano competente para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y de sus modificaciones.
Preveía la creación de una comisión de Urbanismo para Palma presidida por el alcalde o alcaldesa, que realizaría funciones similares a la actual de Mallorca. Estaría integrada por políticos del Ayuntamiento y del Consell. Las decisiones sobre Patrimonio no eran ni son asumidas por el Ayuntamiento por cuanto se trata de una competencia estatal, aunque se está negociando qué administración aprobaría las declaraciones de interés general de suelo rústico.
