La empresa que gestiona el matadero de Palma, Carn Illa S. A., se encuentra en proceso de disolución técnica debido a las numerosas deudas acumuladas desde su creación ahora hace una década.

En la reunión del consejo de administración, celebrado el pasado 27 de junio, se acordó fijar para el próximo mes de septiembre la adopción de las medidas legales encaminadasa remontar esta situación o, por el contrario, proceder a la disolución de la sociedad mixta integrada por el Govern a través de Semilla, el ayuntamiento de Palma, la societat Camp Mallorquí, Mercados Centrales y Piensos Equilibrados Mallorca S. A.

El ayuntamiento de Palma, que dispone de un 26,5 por ciento de las acciones (Semilla tiene el 49,5 por ciento), ha manifestado su intención de no participar en la sociedad. Los anteriores gestores municipales consideraban que es inviable el mantenimiento de cuatro mataderos en Mallorca y que ello sólo responde a una política de mantenimiento de la cabaña ganadera isleña, que debe ser sostenida no por Cort, sino por el Govern. Tal como se pone de manifiesto en un memorándum sobre la situación patrimonial de Carn Illa a 31 de diciembre del año pasado, su patrimonio neto era negativo en 39.282 euros. Con el fin de remontar esta situación se había acordado ampliar el capital en 300.000 euros, que debía ser suscrito por Carn Illa. No obstante, esta empresa dependiente del Govern no consiguió la autorización de la conselleria de Hacienda y no se llevó a cabo. Mientras tanto, la situación empeoró y se agudizó con el importante incremento de pérdidas registradas por la empresa en 2010, en relación a las de 2009. A 31 de diciembre del año pasado el resultado negativo de la explotación fue de 864.000 euros, frente a los 255.000 registrados en el año precedente.

Ante esta situación, que implica que la empresa se encuentra en situación de disolución técnica, su gerente, Juan Sastre Papiol, en un informe fechado el pasado 23 de mayo, apunta a distintas posibilidades, todas ellas pasan necesariamente por una inyección de capital que oscila entre 1,1 y 1,8 millones.

Si se pretende salvar la situación sin tener que reducir capital, se precisan 1,8 millones adicionales. Si se quiere evitar la causa de disolución, hay que aportar 1,5 millones y si se quiere convertir la empresa mixta en pública, se necesitan 1,1 millones.