Unos pidieron la retirada del plan para la presentación de un nuevo documento urbanístico y otros el levantamiento de la suspensión del otorgamiento de licencias para que los hoteleros pudieran ejecutar obras de rehabilitación utilizando los beneficios y ventajas de la ley de medidas urgentes.

Se trata del PP y UM, partidos que ayer manifestaron, no obstante, su rechazo a la retirada del documento urbanístico en el seno de la comisión política de seguimiento. El presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, manifestó su "disconformidad" con la decisión adoptada por la mañana por la junta rectora, pese a que el alcalde de Llucmajor, Joan Jaume, también del PP, votó a favor de la suspensión.

A Rodríguez no le gustó que la junta rectora hubiera acordado la suspensión por la mañana, y consideró que primero deberían haber puesto en conocimiento de los partidos que conforman la comisión sus intenciones.

Pese a ello, manifestó su disposición a seguir colaborando con el Plan y exigió la elaboración "de un calendario" de actuaciones. De hecho, tal como confirmó después de la presidenta del Consorcio, Joana Barceló, la semana que viene se convocará una nueva comisión de seguimiento con el fin de acordar las actuaciones incluidas en el Plan de Acción que se van a ejecutar a dos años vista.

Marc González, de UM, consideró que la suspensión "no tiene sentido" sin haber agotado el plazo que se habían dado para analizar las alegaciones.

Joana Lluïsa Mascaró, del Bloc, manifesto: "Nos hubiera gustado no tener que suspender, pero es difícil llegar a un consenso cuando uno de los partidos pide que se retire el plan", en alusión al PP. Al igual que los demás partidos pidió que se "visualicen" actuaciones al margen del documento urbanístico.

Por su parte, el teniente de alcalde de Palma, José Hila, apoyó la suspensión "para reconstruir el consenso" y garantizar, mientras tanto, "que no se paralizan ni las inversiones privadas ni públicas". El alcalde de Llucmajor, Joan Jaume, aseguró que técnicamente no era posible que su ayuntamiento emitiera antes del día 8 de diciembre un informe vinculante y preceptivo dada la avalancha de alegaciones.