El Consorcio de la Platja de Palma ha decidido paralizar el Plan de Reconversión Integral (PRI), también denominado Plan Nájera, "hasta que haya consenso político y social y se pueda recuperar el acuerdo y la confianza en un proyecto que es y ha de ser emblemático", según su presidenta, la consellera de Turismo y Trabajo, Joana Barceló.
La junta rectora del Consorcio, integrado por los gobiernos central y autonómico, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, acordaron, asimismo, proceder al levantamiento de la suspensión de licencias urbanísticas que pesa sobre la Platja de Palma desde que, a principios del pasado mes de agosto, se aprobó inicialmente el Plan de Reconversión Integral para su exposición al público.
Según Barceló, las 1.335 alegaciones presentadas por entidades, particulares y partidos políticos serán contestadas y servirán de base para la elaboración de un nuevo documento urbanístico, que se volverá a exponer el público.
No hay plazos para la presentación de este nuevo documento, aunque, según Barceló, "se suspende la tramitación, no el trabajo hecho". La presidenta aseguró también que "se trabajará sin descanso" tanto en la contestación de las alegaciones como en la redacción de un nuevo documento consensuado, con el objetivo de que haya acuerdo antes de las elecciones de mayo, aunque reconoció que "es difícil".
La también consellera de Turismo insistió en que la suspensión de la tramitación del Plan de Reconversión Integral (PRI), no significa que se vaya a paralizar el trabajo de revalorización de la Platja de Palma, puesto que existe un documento más amplio y consensuado –el Plan de Acción Integral (PAI)–, que describe 30 grandes objetivos, desplegados en ocho bloques, 29 programas y 98 actuaciones.
Según esta versión, el documento urbanístico sería uno de estos 29 programas, por lo que, pese a la retirada temporal de su tramitación, aún quedan por desarrollar "28 programas y 97 acciones del PAI". Y eso es lo que se pretende hacer mientras se busca el consenso político y social para la transformación urbanística. De hecho, se ha redactado un listado de actuaciones y proyectos a ejecutar entre lo que queda de 2010 y el próximo 2011, con un importe mínimo de 127 millones, que puede ser modificado o ampliado por la comisión de seguimiento político institucional.
La retirada del documento urbanístico por falta de acuerdo político no debe achacarse, según la consellera y presidenta del Consorcio, "ni a un fallo de gestión política ni a que los implicados en el proyecto se hayan visto superados por la dura contestación vecinal y política".
No obstante, admitió que hace unos meses no se esperaban llegar a una situación como la de ayer, porque "normalmente piensas que las voluntades de acuerdo son un poco más firmes", en relación a la actitud del PP, que pidió en sus alegaciones la retirada del proyecto, a la que se sumó después UM con el fin de proceder al levantamiento de la suspensión de licencias y sólo ejecutar aquellos proyectos en los que hay acuerdo.
