La junta rectora del Consorcio de la Platja de Palma decidirá el próximo lunes si suspende la tramitación del Plan de Reforma Integral (PRI) de la zona y se elabora un documento de mínimos que elimine los puntos más espinosos de la rehabilitación, es decir, aquellos referidos a las expropiaciones de locales comerciales y viviendas.
En la citada junta rectora participan las cinco instituciones integrantes del Consorcio –ministerio de Industria y Turismo, la Comunidad Autónoma, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor–. Como ya publicó este diario, las instituciones implicadas y los partidos políticos acordaron a finales de octubre posponer hasta después de las elecciones las intervenciones urbanísticas que más rechazo generan entre vecinos y empresarios de la Platja de Palma.
Sin embargo, quedó un fleco pendiente. Las licencias de obras de algunos hoteleros y vecinos colisionan con el Plan de Reforma Integral, y por tanto, han sido paralizadas. Esta circunstancia ha provocado el malestar de los empresarios. Acusan a las instituciones de mantener un doble lenguaje. Por un lado, dicen, les animan a modernizar sus establecimientos acogiéndose al decreto de medidas urgentes que aprobó el Govern para agilizar el papeleo, el denominado decreto Nadal, y, por otro, se encuentran con impedimentos en algunas zonas de la Platja de Palma donde el Consorcio prevé intervenciones –una zona verde, por ejemplo– incompatibles con las obras de los hoteleros y vecinos. Precisamente, el presidente de la patronal Caeb, Josep Oliver, la presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Margalida Ramis, y el empresario y ex presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Antoni Horrach, mantuvieron el miércoles pasado una reunión con el president Francesc Antich y la consellera de Turismo, Joana Barceló, para desatascar este asunto.
En la tramitación del Plan de Reforma actualmente se ha concluido el periodo de alegaciones, con más de 1.400 presentadas, pero aún faltarían si se continúa el proceso los informes vinculantes de los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, que se prevé que concluyan en diciembre. Como se incorporarán modificaciones importantes, está prevista una segunda exposición pública en abril. Y la aprobación defitiva se retrasaría hasta después de los comicios.
