Un cartel escrito a mano indicaba ayer ´cerrado por inventario´, pero en realidad ha sido la conselleria de Comercio quien ha clausurado el establecimiento chino de Ciutat Jardí denunciado por las patronales por carecer de licencia. La medida es cautelar mientras se resuelve el expediente sancionador, iniciado debido a que los propietarios no tienen la licencia de apertura de gran superficie comercial, que es obligatoria para los negocios de más de 700 metros cuadrados. La Conselleria comunicó la semana pasada a los dueños la obligación de cerrar el local y ayer el servicio de inspección "realizó una visita para comprobar que la medida se ha cumplido", tal como indicó el organismo autonómico.

El establecimiento situado en Son Fuster, también denunciado por la Asociación de Comerciantes Turísticos (Acotur) y Afedeco, aún sigue abierto, porque "presentó una alegación donde argumentan que no están obligados a solicitar la licencia de gran superficie, ya que cuentan con el permiso del Ayuntamiento otorgado al anterior propietario", según explicaron en la Conselleria. El departamento responsable "está investigando la validez de los motivos de la citada alegación".

Abierto desde agosto

Respecto a la gran superficie de Ciutat Jardí, Acotur la denunció a finales de julio, cuando todavía no había iniciado su actividad. Abrió en agosto y desde entonces hasta ayer ha estado vendiendo todo tipo de productos fabricados en China a precios muy baratos. La afluencia de clientes era constante en los más de 2.000 metros cuadrados que mide la nave situada en la calle Cardenal Rossell.

La voz de alarma la pusieron los pequeños comerciantes del Coll d´en Rabassa y Ciutat Jardí, quienes llamaron al presidente de dicha asociación, José Tirado, para advertirle de la situación. Después de comprobar que los propietarios no tenían las pertinentes licencias de apertura y actividad, y ver que incumplían diversos aspectos de la Ley de Comercio, Acotur denunció la "competencia desleal" ante Cort y las conselleries de Comercio y de Salud del Govern.

Sin embargo, como tenían la impresión de que la administración autonómica era "pasiva" ante estas irregularidades, la citada patronal amenazó la semana pasada con acudir ante la Fiscalía. Desde la Conselleria siempre han dicho que "en ningún momento ha habido pasividad, sino que han seguido los cauces legales y por eso se ha actuado ahora y no anteriormente", según concluyeron.