La Asociación de Comerciantes Turísticos (Acotur) estudia acudir a la Fiscalía si el Govern no actúa en un plazo de tres meses contra los comercios chinos ilegales, tal como advirtió el presidente de esta patronal, José Tirado. Las otras dos patronales del pequeño comercio, Afedeco y Pimeco, también están hartas de la lentitud administrativa. "Pedimos contundencia, la misma que tuvieron con los bingos de la tercera edad, ya que pueden dar la velocidad que quieran al proceso", recordó el presidente de Pimeco, Bernat Coll. El representante de Afedeco, Bartomeu Servera, cree que "este tipo de negocios será el problema más grave que sufrirá el pequeño comercio a corto plazo, peor que la crisis".
Las actuaciones iniciadas por las patronales contra las grandes superficies comerciales ilegales de Ciutat Jardí y Son Fuster –que no tienen la licencia obligatoria que otorga la conselleria de Comercio– fueron inmediatas. En cuanto el primero de los establecimientos abrió sus puertas, el pasado agosto, la asociación Acotur lo denunció "ante el Ayuntamiento, por carecer de licencia de actividad; y ante las conselleries de Comercio, por ser una gran superficie; y Consumo, porque no existen garantías de los productos que allí se venden", en palabras del abogado de Acotur, Eduardo Otón. Añade que también se podría denunciar ante Trabajo, por las "condiciones precarias de los empleados". En octubre dieron los mismos pasos con el comercio de Son Fuster.
Mientras siguen abiertos, "todo son ventajas para ellos, debido a que obtienen enormes beneficios sin pagar un solo impuesto, por lo que encima los costes se reducen todavía más", criticó Servera. Por el contrario, según añadió Bernat Coll, "la competencia que realizan a los pequeños comercios puede provocar que los empresarios que cumplen con la legalidad acaben cerrando sus tiendas".
